A raíz de los resultados del 4 de junio y con miras a las presidenciales del 2018, algunos politólogos de renombre se han dado a la tarea de encontrar la solución a los problemas de legitimidad y gobernabilidad que, según ellos, caracteriza a nuestro sistema político en los últimos tiempos. Héctor Aguilar Camín ha propuesto así dos modificaciones, a su juicio, sustanciales: la obligatoriedad del voto y la segunda vuelta.

La novedosa idea de hacer el voto obligatorio tendría la virtud de garantizar la legitimidad del futuro presidente conforme a una ingeniosa, aunque oblicua, argumentación, ya que, explica: la participación promedio del 55 por ciento de los votantes hace viable la, difícilmente comprobable, compra de votos, por lo que al hacer obligatorio el sufragio y ampliar el número de votantes, so pena de ser fuertemente sancionados, los partidos políticos necesitarían un presupuesto tan alto que desestimularía esa inicua práctica.

Con la segunda vuelta, impulsada originalmente por el PAN, la gobernabilidad, en su opinión, quedaría asegurada, pues el señor presidente, sería elegido por más del 50 por ciento de los votantes.

No obstante, me parece que ambas propuestas dejan traslucir cierto aire de nostalgia en busca de una autoridad inapelable e indiscutible, toda vez que la historia nos enseña que donde el voto ha sido obligatorio es justamente en los regímenes totalitarios, en los que la participación ciudadana rebasó siempre el 99.5 por ciento y eran famosas las brigadas que llevaban a los hospitales la boleta electoral para que incluso los enfermos no dejaran de cumplir con su obligación.

Sobre la segunda vuelta, con tan buenos resultados para la república francesa, complementada ahí por la segunda vuelta legislativa, posterior a la elección presidencial, debemos considerar, como ya advertimos, que tampoco garantiza la gobernabilidad y mucho menos que los proyectos y programas del Ejecutivo puedan realizarse automáticamente, como si ello fuera deseable, ya que tienen que obtener la aprobación del Poder Legislativo; de poco vale un presidente muy votado con la mayoría de legisladores en contra, y no hay manera, si hablamos de sistemas democráticos, de obligar a la población a otorgarle mayoría legislativa al presidente electo. Eso es lo que está en disputa, en estos momentos, en Venezuela. No hay que olvidar que la única fuente de legitimidad es la legalidad y que la gobernabilidad solamente puede ser preservada por la división de poderes.

No resulta extraño que cuando una sociedad consigue un cambio, como lo hemos hecho en México, al mirar atrás pueda sentir nostalgia por las comodidades y ventajas del viejo régimen, pero no debe preocuparse Aguilar Camín, no tiene que hacer nada más para esa restauración nostálgica que sentarse a esperar que gane AMLO.