Inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior

Permitir al Ejército hacer labores policiacas puede ser muy peligroso.

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El Ejército desde hace poco más de 10 años ha estado realizando funciones de seguridad pública en el país. Sin embargo, esta medida no es la más acertada, ya que México está envuelto en una guerra que cada día cobra la vida de delincuentes, soldados y civiles.

Debido a presiones del Congreso que exigía que la seguridad pública dejase de tener la participación de las fuerzas castrenses, el 18 de junio de 2008 se reformó el Artículo 21 de la Constitución y se estableció que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. Este artículo también precisa que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones.

De acuerdo con esta reforma constitucional, el Ejército está impedido para realizar tareas de seguridad pública, pues éstas están reservadas a instituciones de carácter civil, pero, a pesar de eso, el presidente ha mantenido a la milicia en las calles asumiendo funciones que no le corresponden.

El Ejército ha manifestado su inconformidad de estar actuando sin un marco jurídico que lo respalde; en este sentido, el Ejecutivo federal, con el fin de mantener a los militares en las calles y considerando que la Constitución prohíbe que éstos ejerzan funciones de seguridad pública, presentó una iniciativa de Ley de Seguridad Interior, con la que se permitiría a las fuerzas armadas realizar funciones como recepción de denuncias, detenciones, cateos, aseguramientos, tomar declaraciones, entrevistar a testigos, etc., propuesta que ya ha sido aprobada por la Cámara de Diputados a pesar de la oposición del PRD y se encuentra en la de Senadores.

El país está en una situación muy grave en materia de seguridad y no es la mejor solución la que se plantea; a este problema también han contribuido los gobernadores que han preferido cederle al Ejército el control de sus estados para mantener la paz; lo que se requiere es trabajar de manera coordinada para el fortalecimiento de los cuerpos de policía en los ámbitos federal, estatal y municipal y que asuman plenamente sus funciones.

La fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Senadores se opone a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, por ser una iniciativa que se contrapone a lo que mandata la Carta Magna.

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