Un tema preocupante en Yucatán es la violencia que se ejerce contra la mujer: siete han sido privadas de la vida en los primeros seis meses de 2017, lo que resulta alarmante. Para afrontar este problema se requiere del esfuerzo de todos, por lo que sociedad y gobierno deben asumir la responsabilidad que a cada uno corresponde. Esta situación ha provocado que diversas organizaciones de la sociedad civil exijan justicia.

Con el fin prevenir casos futuros en junio pasado, presentaron una solicitud para que se emita una alerta de violencia de género en Yucatán ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, órgano que es presidido por la Secretaría de Gobernación; dicha solicitud fue aceptada y está bajo estudio y análisis de un grupo de trabajo integrado para tal efecto, con base en el artículo 36 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; este proceso dura mínimo seis meses, por lo que en caso de ser procedente la declaratoria se haría hasta 2018.

El Gobierno del Estado ha manifestado que acompaña la solicitud de las organizaciones de la sociedad civil para la declaratoria de alerta de violencia de género y como medida previa envió al Congreso local una iniciativa de reforma a la Ley de Gobierno de los Municipios, para que los 106 ayuntamientos apliquen recursos humanos, materiales y presupuestales en acciones específicas, con el objeto de que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos, así como realizar ajustes en su estructura para dar lugar a las instancias que brinden protección y atención a la mujer, de igual manera el gobernador convocó a su gabinete para que se revisen las políticas públicas sobre igualdad, prevención y combate a la violencia de género.

En caso de que el grupo de trabajo considere que es procedente declarar la alerta de violencia de género, el Gobierno del Estado deberá realizar un conjunto de acciones de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida; el objetivo fundamental es garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por alguna legislación que agravie sus derechos humanos, con base en lo dispuesto en los artículos 22 y 23 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.