Dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que “el origen, la esencia y el fin de todos los derechos humanos lo es la dignidad humana, pues en el ser humano hay una dignidad que debe ser respetada en todo caso, constituyéndose como un derecho absolutamente fundamental, base y condición de todos los demás (…)”.

Felizmente, el discurso de defensa y garantía de los Derechos Humanos ha cobrado un éxito nunca visto y en México alcanzaron nivel constitucional desde 2011, con una reforma que estableció nuestro derecho a gozar de esos Derechos y de las garantías para su protección.

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos (…). En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los Derechos Humanos”, según el artículo 1o de nuestra Constitución.

En el derecho internacional hay amplio catálogo, jurisprudencia y doctrina que enmarcan estos derechos y su respeto, por ejemplo el sistema interamericano de derechos humanos que tiene su base en el Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana que está en vigor desde 1969 y del cual México forma parte.

Pero, como dice la Corte, más allá de todo este robusto marco legal nacional e internacional, de las políticas y discursos, cuando hablamos de Derechos Humanos en realidad estamos frente a un principio vinculado a la dignidad de las personas, como valor principal.

La ley General de Víctimas dice que el derecho a la dignidad es “valor, principio y derecho fundamental, base y condición de todos los demás. Implica la comprensión de la persona como titular y sujeto de derechos y a no ser objeto de violencia o arbitrariedades por parte del Estado y de los particulares”.

Es difícil creer que, pese a que es un principio básico, absoluto del ser humano, incluso intuitivamente relevante, haya personas para quienes, en su actuación personal y profesional, este derecho sea intrascendente y que la dignidad no merezca, a sus ojos, el respeto más alto que las leyes y los discursos de todo el mundo defienden.

Triste futuro para instituciones, personajes, sobre todo representantes del Estado que hacen gala no sólo del desprecio por este principio básico, sino de la posibilidad de violentarlo; más penoso aún tratándose de quienes cuentan con educación elevada, una gran “cultura” y sobre todo de una responsabilidad como parte de alguna institución del Estado.