En 2016 una joven denunció a su novio ante la Fiscalía estatal, órgano acusador del sistema penal y quien debe llevar los casos hasta los juzgados del Poder Judicial del Estado para ser procesados. Es también facultad de la Fiscalía establecer el tipo de delito y señalar a quien pudiera estar relacionado con el mismo, además es la instancia que tiene que investigar y recabar pruebas que sostengan su acusación al momento de llevarla ante el juez.

En este caso, la Fiscalía llevó el asunto a los juzgados como delito de violencia familiar, el cual pocas personas saben que puede configurarse durante el noviazgo. El caso hubiera terminado como muchos, ya que luego de avanzado el proceso, la joven solicitó a la jueza le permitiera otorgar el perdón al denunciado.

Pero la jueza de control del Poder Judicial, Suemy del Rosario Lizama Sánchez, decidió aplicar la llamada “perspectiva de género” al caso. Antes de permitir el perdón, pidió una evaluación psicológica que le permitiera asegurarse de que la mujer estaba en condiciones de entender los alcances de su acción, que dejaría extinto el delito y definitivamente libre al detenido, sin consecuencia alguna de la conducta violenta que había ejercido contra ella.

Ante la negativa del perdón, la defensa del imputado optó por solicitar una suspensión condicional del proceso penal, mecanismo alternativo a juicio para resolver casos penales. La jueza accedió a la suspensión estableciendo una serie de condiciones para el joven.

Entre éstas, que se sometiera a tratamiento terapéutico, que no se acercara a la víctima en un radio de 500 metros ni a su centro laboral, ni a su domicilio, ni al lugar donde ella estudia, entre otras. Adicional a esto, el imputado entregó a la víctima la cantidad de 35 mil pesos como concepto de reparación del daño para que continúe con su tratamiento psicológico.

Tristemente, quizá resultado de la violencia tolerada que se hace regla común en el ámbito familiar, la víctima ha buscado al victimario, con lo que se han incumplido las condicionantes para suspender el proceso y ella misma ha imposibilitado que se le proteja. Por ello, esta misma semana la jueza celebrará una audiencia en la que ha llamado a los padres de ambos jóvenes, en aras de intentar la mayor protección de la víctima, aunque poco puede hacer el Estado si la víctima no permite su propia protección.