Los poderes judiciales de los estados se han estado enfrentando, en las últimas dos décadas, a un alud de reformas constitucionales y de leyes secundarias que los mantienen en un constante desafío presupuestario, de profesionalización y de administración. Si sumamos el aumento poblacional y las características de una sociedad más informada y exigente, nos damos cuenta del tamaño de esta transformación. Los jueces están sometidos a que sus actuaciones sean más transparentes, claramente ocurre con las audiencias públicas y la oralidad de los sistemas penal, familiar y mercantil así como un enfoque volcado en la protección de los derechos humanos, que hace más compleja la toma de decisiones.

Sin embargo, no en todos los casos este alud de nuevas obligaciones ha ido aparejado con un crecimiento presupuestal. El número de jueces es un factor que debe tomarse en cuenta. Un estudio de la Universidad de las Américas de Puebla reveló que mientras la media global es de 16.2 jueces por cada 100 mil habitantes, México en 2016 tenía 4.3 jueces por cada 100 mil habitantes, incluso muy por debajo de la media para América Latina que era de 8.8. En Yucatán este índice baja a 2.7 aproximadamente. Aunado a ello está la necesidad de personal de apoyo, sistemas y demás insumos relacionados con la administración de juzgados.

No es de extrañar entonces que en la más reciente reunión de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib) los poderes judiciales hayan pedido ser escuchados cuando se plantean desde el Ejecutivo o el Legislativo modificaciones y reformas que implicarán enormes gastos y nuevos recursos para ellos cuando sean aplicadas. Además se requiere certidumbre en la forma en que esas reformas serán implementadas, particularmente la reforma laboral que pasa a las judicaturas locales todas las funciones de las juntas locales de conciliación y arbitraje.

Es decir, apenas cuando los poderes judiciales hacen esfuerzos para consolidar las reformas penal y de derechos humanos de 2008 y 2011 respectivamente, ahora se deben enfrentar a la serie de cambios vertiginosos en el orden constitucional que significan la mencionada reforma laboral, pero también una nueva reforma en justicia mercantil que gradualmente hará todos los casos orales.
En este sentido, los tribunales pidieron al Legislativo federal escuchar su voz antes de que se legislen las normas que enmarcarán la reforma laboral, particularmente el Código Procesal.