12 de Diciembre de 2017

Opinión

Libertad de expresión, imputados y víctimas

El proceso penal actual plantea restricciones claras a la libertad de expresión.

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Uno de los retos más importantes en la labor de comunicar en el sistema penal acusatorio es hacer entender en perspectiva ciudadana la lógica de un tema complejo, técnico y que no goza de buena reputación, dadas las malas experiencias que muchos ciudadanos tienen de forma directa o indirecta, a través de sus abogados o los medios de comunicación, sobre estos asuntos.

Es decir, tanto el anterior como el actual sistema penal son poco entendidos por los ciudadanos y no son de conocimiento generalizado, dado que, en el anterior, sólo quien tenía un asunto de esta naturaleza consideraba necesario conocer más allá de lo que podía a través de los medios de comunicación principalmente.

Al igual que el sistema, las condiciones han cambiado positivamente para nuestras sociedades, porque nunca antes habíamos vivido en un entorno de tal transparencia, con organismos y asociaciones activas generando información, estadísticas, datos e iniciativas nacionales e internacionales que buscan gobiernos abiertos para sociedades demandantes. Y qué decir del poder que las redes sociales han dado a los medios y a los ciudadanos.

Una de las grandes ganancias del sistema acusatorio es la transparencia de las actuaciones en los casos que llegan a los juzgados, porque se realizan en audiencias abiertas al público. No es así con la labor de investigación que queda a cargo de las fiscalías estatales, PGR y policías, pero el resultado sí es visible en las audiencias.

Sin embargo, el proceso penal actual plantea restricciones claras a la libertad de expresión cuando ésta pretende pasar sobre los derechos de los ciudadanos que están en un proceso judicial. Por ejemplo, no exponer los rostros y datos personales de los imputados y víctimas y dar trato de inocente a quienes no han sido declarados culpables. El propio artículo 6º constitucional, otras leyes y los tratados y convenciones internacionales, hablan de que la libertad de expresión no puede pasar sobre los derechos de la persona e incluyen el derecho de réplica y pueden dar pie a demandas cuando afectan la reputación.

En una sociedad madura y democrática, llegar a un punto entre los derechos de las personas y de la prensa, es necesario para tener avances sociales. Como ocurre con los gobiernos y ante el panorama actual de sobreinformación viral, los ciudadanos valoran las noticias de medios que trabajan con ética y no para ganar “likes” o “Me Gusta” repitiendo o creando falsas noticias. Al menos es lo que deseo como periodista, servidora pública y ciudadana.

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