El concepto de juicios paralelos es común en Europa. Se trata de “el juicio” que la opinión pública, normalmente informada a través de los medios y ahora las redes sociales, hace sobre una persona que apenas es detenida, sobre quien ni siquiera hay un proceso penal en tribunales, para hacerla ver como culpable, anteponiendo la “presunción de culpabilidad” a la de inocencia.

Este “juicio” es rápido porque no requiere pruebas, es cómodo porque no hay una investigación y dado que la persona es considerada culpable desde el momento de su detención no requiere pruebas ni un procedimiento ante autoridades constituidas. Juzgar así sería rápido, complacería a la opinión pública y saldría más barato. Pero también sería equivocado, desapegado del marco legal en una sociedad civilizada e injusto.

La conducta social que da pie a los “juicios paralelos” se conoce como prejuicio. El diccionario lo define así: Opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable, acerca de algo que se conoce mal. La psicología ha establecido paradigmas a este respecto: por múltiples razones como seres humanos ya tenemos una tendencia a creer negativamente sobre algo o alguien. “Cuando el río suena, es que agua lleva”, solemos decir como si fuera una máxima filosófica, aunque es un prejuicio.

Pensando en la justicia, esta predisposición social es peligrosa. Porque genera culpables de forma inmediata y prejuiciosa. Pero además, si esta predisposición crece y se alimenta en las redes sociales, cadenas de WhatsApp y medios de poco rigor, se convierte en una “verdad” difícil de desprender del inconsciente colectivo.

De ahí que, en muchos casos, las autoridades, incluyendo a quienes tiene el trabajo de detener, que son las policías, y a quienes corresponde la investigación (fiscalías) corran el riesgo de trabajar bajo una presión sesgada, es decir, con la misión de complacer al colectivo o entregar resultados inmediatos, lo cual es posible cuando se tienen equipos profesionales y capaces de actuar de forma correcta y rápida. En caso contrario, tendríamos detenciones e investigaciones hechas para complacer a la presión social, pero no para lograr el objetivo del sistema de justicia que es esclarecer los hechos y castigar al culpable.

Tanto como se exige de todas las autoridades que participan en el ámbito de la prevención, investigación y juzgamiento de los delitos o de las resoluciones en conflictos familiares o de cualquier tipo una actuación adecuada, profesional y enfocada a la justicia, nos convendría irnos desprendiendo de nuestros prejuicios.