Pobreza y Derechos Humanos (I)

Las malas noticias son que la pobreza en América Latina se ha estancado y a partir de 2014 se ha observado incluso un aumento.

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La Declaración Americana de los Derechos del Hombre de 1948 es, dice la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), fuente de obligaciones para todos los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) y en ella se establece una serie de derechos “que guardan estrecha vinculación con la superación de la situación de pobreza, tales como el derecho de igualdad ante la ley; la integridad de la persona; a que la salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda; a la educación; así como al trabajo y a una justa distribución, a la seguridad social”, entre otros.

En un informe reciente, este organismo señala que la pobreza puede llegar a ser “una violación generalizada a todos los derechos humanos, tanto civiles y políticos como sociales, económicos y culturales”.

Esto es así porque los derechos humanos son indivisibles e interdependientes; es decir, son integrales, no puede prescindirse de ninguno de ellos y van aparejados con una serie de goces o derechos económicos, sociales y culturales que el Estado tiene la obligación de proveer.

De ahí la necesidad de que los Estados generen políticas económicas, sociales y culturales con un enfoque basado en Derechos Humanos; es decir, que en el ánimo de un mayor desarrollo económico no podrían dejar de lado los derechos de otros y que el resultado de esas políticas debe favorecer el desarrollo de todas las personas. Si una persona vive en extrema pobreza, sin poder ejercer su derecho a la alimentación o a la salud, cómo podríamos esperar que ejerza otros derechos como a la educación o a la participación ciudadana, o pueda ser considerada igual ante la ley?

Este enfoque también significa que quienes viven en situación de pobreza dejen de ser considerados como “receptores pasivos de ayuda” o “sujetos de beneficencia”, para ser tratados como titulares de derechos, que pueden participar de manera activa en la toma de decisiones sobre cuestiones que les atañen, y demandar protección y rendición de cuentas por parte del Estado.

Las malas noticias son que la pobreza en América Latina se ha estancado y a partir de 2014 se ha observado incluso un aumento.Refiriéndose a los datos de Oxfam, la CIDH señala que, para decirlo claramente, el 1% de la población poseía el 40% de toda la riqueza en 2014.

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