Ha levantado polémica la decisión del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito del Poder Judicial de la Federación derivada de sendos juicios de amparo y en la que ordena reponer la investigación del caso Ayotzinapa a través de una “Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia”.

El Colegiado se dirige al presidente de la República, la PGR y el Congreso de la Unión para que prevean los recursos necesarios para la misma y también sugiere que además del MP (con agentes investigadores nuevos) y los representantes de las víctimas, esta Comisión podrían integrarla la CNDH y la ONU.

En consideración del Poder Judicial Federal, dan sentido a la creación de la Comisión:

i) Que la actuación de la PGR y por extensión el Ejecutivo Federal en estos casi 4 años no ha sido ni inmediata, ni efectiva, ni independiente, ni imparcial y por lo tanto incumplieron su deber.

ii) Que aun con los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de que el caso pasó a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la misma PGR, tampoco ha habido cambios sustanciales.

iii) Que hay conflicto de intereses, puesto que el investigador (PGR) y las posibles corporaciones que deberían ser investigadas, incluyendo a la Policía Federal, miembros del Ejército Mexicano y miembros de la Marina, tienen un mismo jefe: el presidente de la República.

iv) Que privar continuamente de la verdad sobre el destino de los desparecidos es una forma de trato cruel, inhumano y degradante para los familiares de los jóvenes.

v) Que no se han esclarecido las situaciones de posible tortura a que fueron sometidos diversos detenidos y que se perdieron pruebas fundamentales para la investigación.

vi) Que concuerda con el GIEI y los expertos argentinos en el sentido de que la “verdad histórica” oficial difundida carece de sustento.

vii) Que se trata no sólo de un caso de violación a derechos humanos, sino de desaparición forzada, por lo tanto se impone la obligación de investigar el caso ex officio, sin dilación, y de una manera seria, imparcial y efectiva, la cual persiste hasta que se encuentre a la persona privada de libertad o aparezcan sus restos.