Congreso da una mano a Codhey, contra impunidad

El Legislativo podrá a llamar a cuentas a funcionarios que incumplan recomendaciones.

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La Diputación Permanente tiene ahora la potestad para llamar a comparecer a funcionarios que incumplan recomedaciones de la Codhey. En la imagen, la instalación de la Permanente, ayer en la sede del Congreso. (Cortesía)
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SIPSE.com
MÉRIDA, Yuc.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) considera que las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, aprobadas por el Congreso del Estado de Yucatán, fortalecerán las resoluciones del organismo.

Ahora, a petición de la Codhey, el Congreso del Estado podrá llamar a comparecer a autoridades o servidores públicos cuando se hayan negado a aceptar o cumplir con alguna recomendación, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.

La iniciativa está apegada a los preceptos establecidos en la reforma Constitucional Federal aprobada el 10 de junio del 2011.

En un comunicado, la Codhey asegura que la reforma fortalecerá el cumplimiento de las recomendaciones, sin perder el carácter no vinculante, es decir, permanecen sin carácter obligatorio.

Desde la creación del Organismo, esta es la reforma más importante en la materia.

Entre los artículos reformados, se encuentra el 74o que señala que todo servidor público del Estado de Yucatán está obligado a responder las recomendaciones que le presente la Codhey.

Los obligan a decir 'no' públicamente

Cuando la autoridad requerida no cumpla recomendación estará obligada a fundar, motivar y hacer pública su negativa.

Además, el Congreso del Estado de Yucatán o, en sus recesos, la Diputación Permanente, podrá requerir a solicitud de la Codhey la comparecencia de los servidores públicos responsables, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.

Se establece que todas las autoridades y organismos estatales tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos; y el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los mismos.

Otra de las innovaciones es la relativa al medio ambiente como un derecho humano, por lo que todas las personas en el Estado tienen derecho a vivir en un ambiente saludable que les permita una vida digna, y a hacer uso racional de los recursos naturales.

También se hace referencia al sistema penitenciario, el cual deberá estar basado en el respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción social del sentenciado para procurar que no vuelva a delinquir, al observar los beneficios que para él prevea la ley.

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