Israel Cárdenas/SIPSE
MÉRIDA, Yuc.- El Consejo General del Ipepac no supo explicar el fundamento legal para la contratación de al menos 11 de las 33 plazas que tiene disponible, ni la degradación de salario y puestos de al menos cinco empleados de primer nivel, luego de que el PAN y el PRD le exigieron cuentas claras sobre estos movimientos.

Aunque la consejera presidenta María Elena Achach Asaf ofreció puertas abiertas, al término de la sesión, optó por huir.

La discusión de los temas evidenció el desconocimiento de las reglas internas. Además, los consejeros electorales, en su intento por explicar el manejo de plazas, que se hace de forma conveniente, reconocieron que no existe un reglamento sobre el tema desde 2006, y tampoco explicaron los motivos por los que no han creado uno que transparente los contratos laborales.

Indicaron que para contratar a los amigos de María Elena Achach se basaron en un acuerdo entre todos los consejeros del Ipepac, aunque esta decisión sólo la conocían ellos.

En la sesión, el señalamiento de contratación de amigos de Achach Asaf en el Ipepac fue un punto que nadie rebatió.

El representante del PAN y vicecoordinador de este partido en el Congreso del Estado, Víctor Hugo Lozano Poveda, afirmó que con las contrataciones con base en amiguismos y la degradación del personal, Achach Asaf, con el aval de los consejeros electorales, violó el Estatuto del Servicio Profesional del Ipepac.

Este estatuto surgió por acuerdo del Consejo Electoral del Estado y, si bien fue tomado mediante una resolución del extinto Instituto Electoral del Estado, aún mantiene vigencia.

Indicó que según la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, aprobada por el Congreso local en 2006, en su Artículo décimo segundo señala que “los acuerdos, convenios, actos jurídicos, así como asuntos pendientes y de trámite del Instituto Electoral del Estado de Yucatán se transferirán al Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana (Ipepac) de Yucatán”.

Lozano Poveda afirmó que desde 2006 a la fecha el Artículo 131 de la Ley de instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, en su fracción XLV, refiere que es facultad del Consejo General del Ipepac expedir el reglamento interior, el Estatuto del Servicio Profesional Electoral, así como los reglamentos para su buen funcionamiento.

Agregó que “desde 2006, cuando entró en funcionamiento el Ipepac, no existe acuerdo que invalide, modifique o nulifique el Estatuto del Servicio Profesional electoral, por lo cual se encuentra vigente en todas sus partes”.

A esto, el consejero Antonio Ignacio Matute González respondió que el estatuto de contrataciones del Ipepac no tiene vigencia, “es inexplicable, carece de efectos jurídicos, sería un absurdo jurídico poder aplicar este estatuto. No es aplicable, ni siguen vigentes las funciones de este precepto normativo al que tanto se ha hecho referencia”.

Sin embargo, Matute González en ningún momento explicó por qué no han actualizado los estatutos y reglamentos para la contratación de personal, ni los motivos por los cuales no han transparentado estos procesos.

El consejero electoral Carlos Pavón Durán dijo a los partidos que si quieren saber sobre las nuevas contrataciones, pasen y pregunten a la presidencia.

El representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jorge Eduardo Castillo González, dijo que “nos hemos enterado de que ocurren situaciones que son preocupantes, puesto que a través de las denuncias en los medios de comunicación, a diversos empleados de este instituto se les ha degradado en sus puestos”.

“Hay nuevas contrataciones, y no se ha informado cuál es el perfil de esta gente, es bueno saber con qué personal nuevo se labora aquí”, indicó.

Castillo González recordó que en el pasado personal vinculado a un partido fue descubierto trabajando en el Ipepac y fue dado de baja.

Historia de amiguismo y degradación salarial

Los cuestionamientos sobre la contratación de amigos y la degradación de salarios y puestos del personal del Ipepac puso ayer en evidencia la improvisación de los consejeros electorales para intentar sustentar que sus acciones son legales; sin embargo, los acuerdos de los que hablan ni siquiera han sido abordados por el Consejo General.

MILENIO NOVEDADES informó el pasado martes 19 que la consejera presidenta del Ipepac, María Elena Achach Asaf, exigió la renuncia de todos los funcionarios de primer nivel de ese organismo, lo que obligó a cuando menos tres de sus trabajadores a aceptar la liquidación, en tanto que los que optaron por quedarse fueron degradados de sueldo y cargos.

Esto generó reacciones entre los partidos políticos, que exigieron transparencia en el manejo de los recursos públicos y la información con los perfiles y características del personal recién contratado por acuerdo de los cinco consejeros de este órgano electoral, así como una investigación sobre presuntas violaciones laborales a quienes les redujeron sus sueldos.

A esto, la consejera presidenta respondió reconociendo que contrató a cuando menos tres amigos, a quienes ubicó en puestos claves como la Unidad Técnica de Fiscalización, que vigila las finanzas de los partidos; la Unidad de Acceso a la Información Pública, y Servicios Generales.

Asimismo, reconoció que no emitió convocatoria para la contratación de nuevo personal porque los reglamentos están obsoletos, y que para ello contó con el aval de los consejeros electorales Lissette Guadalupe Cetz Canché y José Antonio Martínez Magaña, quienes días después la desmintieron.

Cuestionada sobre los motivos por los que no han actualizado los reglamentos internos del Ipepac para transparentar la contratación de plazas, María Elena Achach reaccionó con carcajadas.