16 de Diciembre de 2017

Yucatán

El caso que conmocionó a la ciudad más segura de México

Familiares de los acusados denuncian anomalías en el juicio que se sigue por el homicidio del psiquiatra Felipe Triay Peniche.

Karla Wilema Vivas, esposa de uno de los psiquiatras acusados de matar a un colega en Mérida. (milenio.com)
Karla Wilema Vivas, esposa de uno de los psiquiatras acusados de matar a un colega en Mérida. (milenio.com)
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Agencias
MÉRIDA, Yuc.- En cuatro meses, los magistrados del Tribunal de Juicio Oral de Yucatán deberán emitir su fallo sobre uno de los casos judiciales que mantiene conmocionada a la sociedad de esta entidad: el asesinato del psiquiatra Felipe Triay Peniche, de 42 años de edad.

Fernando E. Alpuche Ojeda, abogado de la familia de Triay Peniche, explicó que se trata de un proceso judicial inédito, no porque sea el primer juicio oral en la localidad, sino por el interés, alcance y escándalo que ha provocado en la sociedad el homicidio de uno de los psiquiatras más respetables, considerando que Mérida ocupa los niveles más bajos en la comisión de delitos violentos, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El cuerpo de Triay apareció apuñalado y desmembrado en dos cajas de madera, dentro de una camioneta estacionada en un centro comercial de Ciudad Caucel, Mérida, el 18 de agosto, aparentemente dos días después de ser asesinado.

Los restos, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado, presentaban diversas lesiones: 23 puñaladas y se mantuvieron congelados, luego fueron abandonados dentro del automóvil de la víctima.

Según las diligencias, el asesinato tuvo lugar el pasado 16 de agosto, aparentemente en un departamento en la calle 25 por 22, colonia García Ginerés, arrendado a Pablo Santos García Gutiérrez, de 33 años, quien junto con Luis Enrique Lara González, de 37 años, presidente del Colegio de Psiquiatras en el estado, fue vinculado al asesinato.

En estos días, de acuerdo con el especialista, el juez de control deberá establecer si existen los "datos suficientes" para llevar a juicio a estos dos imputados, y procederá a dictar auto de apertura del juicio oral.

Culpables en grado igual

La carpeta administrativa se remite al Tribunal de Juicio Oral que llevará a cabo el proceso, en el que los dos imputados son presuntos culpables en grado igual —no importa quién fue el autor material y quén el intelectual— y aunque Yucatán ha sido pionero en este tipo de sistema, "es el primer asunto importante que se lleva a cabo".

Alpuche, docente certificado para capacitar a jueces, ministerios públicos y defensores en el nuevo sistema de juicios orales, explicó que dentro de este proceso la premisa es el respeto a los derechos humanos de los presuntos culpables y, por ello, aclaró que "hasta ahora solo se tienen datos que han derivaron en un auto de vinculación al proceso en el que un juez de control que depende del Poder Judicial de Yucatán, determinó que las dos personas pudieron haber participado en el homicidio calificado, por lo que deben de permanecer en prisión preventiva oficiosa".

Sin embargo, Karla Wilema Vivas, esposa de Lara, aseguró que en este caso ha privado la tortura y la privación ilegal de la libertad, una absoluta violación de los derechos humanos por parte de "elementos encapuchados", de Seguridad Pública, quienes con engaños los detuvieron el 23 de agosto por supuesto robo de auto. Dijo que a ella la despojaron de sus celulares, pertenencias y la separaron por horas de sus dos hijos menores.

Vivas, de profesión abogada, ofreció una entrevista a MILENIO luego de visitar, como hace todos los días a su esposo, y reiteró que él se encontraba en Cozumel y que en absoluto mantenía relación de amistad con Felipe Triay.

"En todo el proceso ha privado la arbitrariedad y las contradicciones. Hay un proceso de conspiración. Mi marido es inocente, es un hombre con una moralidad y una integridad intachable, como no he conocido a otra persona y jamás le haría daño a nadie", aseguró quien ha efectuado marchas para protestar por la situación.

Presunta violación a derechos humanos

Alpuche aclaró: "Si ese juez de control hubiera confirmado violación a los derechos humanos, no les hubiera dictado el auto de vinculación a proceso; además, ellos tenían expedito su derecho para oponer a ese auto de vinculación a proceso que no utilizaron", y destacó que hasta ahora lo que se tiene es un resultado parcial para determinar si se acusa a estas personas.

"Yo no puedo decir que las personas sujetas a un auto de vinculación a proceso, de una manera cautelar, son culpables. Eso se va a decidir en un juicio oral", dijo tras referir que la defensa de Pablo Santos García y de Luis Enrique Lara no ha presentado dato alguno de defensa, es decir, la coartada como el hecho de que uno de ellos estaba en Cozumel "no obra en la carpeta".

En la investigación no se va a incluir una declaración del "doctor Santos, donde reconoce que dio muerte a Felipe Triay Peniche, junto con el doctor Lara, dentro de su departamento. La hizo ante la Fiscalía Especial del Estado y asistido por su defensa. Sirvió como dato, pero la confesión no rendida ante juez no tiene valor para juicio" señaló.

"Dice que lo atraen al departamento, lo drogan, después le dan muerte con arma blanca, hay además otros datos. No existe conspiración", precisó.

El abogado dejó claro que en este tipo de casos no se puede especular, hablar de supuestos móviles, porque no es la misión del Ministerio Público; de hecho, está prohibido por la ley, porque su labor es exponer datos y luego las pruebas.

La sociedad yucateca, aunque siente temor de hablar del caso, mantiene la idea difundida por la prensa de que detrás del asesinato del psiquiatra existe una cuenta de Petróleos Mexicanos para la atención de los trabajadores y un contrato millonario con un laboratorio europeo para promover el uso y distribución de medicamentos controlados.

La huella dactilar

La Fiscalía General del Estado presentó como datos para darse la vinculación "videos, resultados de la necropsia, la orden de cateo en el departamento rentado, donde se habría dado muerte a la víctima, un cuchillo con manchas rojas, una sierra eléctrica, una impresora, un par de zapatos con manchas rojas, un par de guantes usados, tarjetas de presentación de uno de los imputados y de la víctima, restos de un puro, cintas adhesivas, así como la credencial de elector de otro de los imputados".

En el automóvil de la víctima, explicó la Fiscalía, donde fue dejado el cuerpo desmembrado en cajas de madera, se halló una huella dactilar que corresponde a uno de los acusados, restos del mismo puro que había en el departamento, varios pares de guantes usados coincidentes con los localizados en el departamento, pedazos de un cinturón, cinta con lo que se amarró y testimonios de personas que señalan que uno de ellos lo contrató para que subiera al vehículo de Triay dos cajas donde se encontraron los restos, declaraciones de que se ofrecieron 150 mil pesos y demás datos en el Hospital Psiquiátrico de Yucatán.

A lo largo de las audiencias los fiscales han establecido una serie de elementos de pruebas químicas y de medicina forense, con los que pretenden que las dos personas detenidas sean consignadas por el delito de homicidio calificado, con premeditación y traición.

En caso de que el Ministerio Público acredite más allá de toda duda razonable que fueron ellos los responsables, el tribunal de juicio oral puede imponer una pena máxima de 40 años de prisión, aunque pueden recurrir a juicios de amparo directos ante un tribunal colegiado de circuito.

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