Ana Hernández/SIPSE
MÉRIDA,Yuc.- En completa violación a las disposiciones laborales, al menos cuatro trabajadores del Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE), que habían obtenido sus plazas por la vía sindical, fueron despedidos en forma arbitraria e intimidatoria por indicaciones del director de operaciones de ese lugar, Iván Aguirre Pérez.

En entrevista con MILENIO NOVEDADES, los afectados Cecilia Alejandra Tercero Ibarra, Shubert Sebastián Peniche, David González Cabrera y Silvia Alcocer Méndez, quienes laboraban como auxiliar de Admisión, dietista, camillero y trabajdora social, respectivamente, denunciaron que varios subalternos de Aguirre Pérez les exigieron la entrega de su gafete porque habían sido despedidos.

Los afectados, quienes comenzaron a laborar con su plaza sindical desde el 1 de julio de 2012 y cumplieron los primeros seis meses de su contrato el pasado miércoles 2 del presente, señalaron que uno por uno fueron llamados por diversos funcionarios del hospital, como el subdirector de Recursos Humanos, Ramón Ortiz;  la subdirectora de Atención al usuario, Elayne Marfil Rivero, y la jefa del departamento jurídico, Mónica Sánchez Molina, subalternos del director de Operaciones, para pedirles que entregaran sus gafetes.

Al parecer, la causa de su despido es que pretenden otorgar esas plazas a personas allegadas o recomendadas ante los cambios que se avecinan con las nuevas autoridades federales; y que serían darles  la base al actual encargado del departamento de tesorería del cuerpo de gobierno; el subdirector de administración y finanzas e ingresos, entre otros.

A finales de diciembre pasado, cuando estaban a media jornada de trabajo, sin previo aviso, y sin que estuviera algún representante sindical presente, los llamaron para decirles que ya no pertenecían a la institución, “que ya no laboraban ahí” y debían entregar sus gafetes y retirarse del edificio, ni siquiera les dieron su renuncia o algún documento para firmar.

Les ordenaron retirarse antes de que terminara el mes, aunque ya les habían pagado esa quincena.

Los inconformes están recabando las pruebas de todas las anomalías cometidas para proceder con una demanda laboral, contra quien o quienes resulten responsables.