José Salazar/Milenio Novedades
MÉRIDA, Yuc.- Las empresas de la entidad que cometan lavado de dinero y fraudes ya pueden ser sujetas a denuncias penales, pues en Yucatán ya se encuentra totalmente implementada el nuevo Código Procesal Penal.

Luis David Coaña Be, doctor en Ciencias Penales y Política Criminal y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), apuntó que los principales delitos que cometen las empresas son de carácter económico como lavado de dinero y fraudes; sin embargo, también pueden incurrir en muertes y lesiones en distintos grados de gravedad y a manera de ejemplo, citó que esto puede darse cuando ocurre alguna explosión ocasionada por un pipa de gas propiedad de una persona moral. 

“Tradicionalmente una empresa sólo podía ser sujeta a demandas por las vías civil o administrativa, pero estrenamos en Yucatán escenarios, por ejemplo, en el caso de daño ambiental, por medio de la vía penal también se atribuye responsabilidad a las empresas que cometen delitos contra el medio ambiente”, explicó.

Consecuencias

Detalló que las principales consecuencias penales para la empresa que incurra en responsabilidad penal son multa, reparación de daño a las posibles víctima e incluso, la disolución de la empresa que es lo equivalente a una “pena de muerte” para la persona jurídica.

También se puede imponer a la empresas una clausura, suspensión de actividades e intervención judicial, entre otras sanciones y esto es independiente de la pena privativa de la libertad a las personas físicas que hayan intervenido en la comisión del delito.

El doctor en Ciencias Penales y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) puntualizó que no se trata de “meter a la cárcel” a la empresa como tal, ya que el derecho penal no debe de ser visto únicamente como una pena privativa de la libertad y que el nuevo sistema de justicia penal tiene como finalidad la prevención del delito, que es uno de los ejes que aborda el “Escudo Yucatán”.

“Una empresa puede cometer un delito por ejemplo, en el caso de una que pretende construir un hotel en la Riviera Maya y requiere retirar zonas de mangle protegidas por las leyes en materia ambiental y por medio de un  soborno, esta empresa obtiene el permiso. 

Obviamente una o varias personas físicas participaron en ese acto de corrupción, pero en sí la empresa es la que también incurre en un delito”, comentó.

Luis Coaña dijo que el esquema de responsabilidad penal de las personas jurídicas permitirá que además de las personas físicas que fueran responsables de la comisión del delito, se pueda enjuiciar a la empresa que se hubiera beneficiado de este acto. 

“Lo que se pretende con este nuevo esquema es que las personas jurídicas a través de un auténtico modelo de responsabilidad empresarial, no cometan delitos. Una manera de excluir la responsabilidad penal de las empresas es demostrando que la persona física que hubiese cometido el delito no utilizó medio alguno de la empresa para ello ni lo hizo en beneficio de la empresa sino únicamente por intereses personales”, detalló.

Prevención

Una nueva reforma obligará a empresas yucatecas a adoptar lo que se llama Programas de Cumplimiento Normativo (conocido como Legal Compliance), que ya se aplica en países como España. 

Por medio de estos programas las empresas buscan evitar que dentro de la organización se cometan delitos ya sea por sus empleados, administradores, representantes legales y directivos. “En Yucatán, la mayoría de delitos que se cometen son de carácter patrimonial, como robos, fraudes y abuso de confianza. 

Antes, estos delitos los cometían personas físicas en beneficio de alguna empresa, lo cual ahora ya es posible sancionar penalmente. Por otra parte, en México muchas empresas transnacionales para penetrar a los mercados nacionales suelen corromper a funcionarios públicos. Si se tiene la voluntad de investigar estos delitos se va a descubrir que muchos incurren en ello”, apuntó Luis David Coaña Be,  profesor de derecho de la Uady.