Depredación e impunidad

Se sospecha de intereses inconfesables para dejar la captura del pepino de mar en manos de comerciantes inescrupulosos.

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La pesquera constituye una de las actividades productivas más dependientes de las erráticas condiciones temporales, pues además de estar sujeta a las variaciones propiamente climáticas como nortes, suradas, tormentas  y ciclones, depende también del comportamiento reproductivo de las especies que se capturan.

Esas variables originan que la situación económica de los pescadores y sus  familias observe una situación caótica, donde cortas temporadas de abundancia son seguidas por lapsos, a veces  dilatados, de escasez, con el agravante de que las fuerza que controlan el mercado, al bajar los precios, impiden que los tiempos de trabajo dejen el remanente necesario para subsistir cuando no hay.

Y aun cuando en la península nos destacamos como el primer lugar en pesca de escama, hemos experimentado una diversificación con productos como la langosta, el pulpo y últimamente el pepino de mar, cuyo buen precio ha derivado a veces en la captura excesiva y la saturación del mercado, ocasionando la baja en los precios, como sucedió también en la temporada de pulpo que finalizó.

En la pesca los productores se encuentran siempre en la posibilidad de caer en la tentación de sobreexplotar la actividad, para aprovechar las condiciones del momento, con el riesgo de saturar el mercado o, peor aún, socavar las condiciones para su reproducción, es decir depredar la especie.

Con la finalidad  de mantener la viabilidad económica de la actividad productiva, más que por objetivos meramente conservacionistas, se ha optado por establecer temporadas de veda que corresponden a la etapa reproductiva y de crecimiento de la especie, y el establecimiento de cuotas de explotación, mediante estudios técnicos realizados por las dependencias federales que tienen la competencia para vigilar y sancionar su observación.

Aunque no exenta de riesgos, por su buen precio, la captura del “pepino de mar”  ha irrumpido como una actividad importante para la economía de los pescadores de la región, por ello la declaración de “Veda Permanente” que inopinadamente hizo la  Sagarpa ha ocasionado un profundo malestar entre los pescadores.

Malestar exacerbado tanto por el carácter definitivo con que la autoridad federal pretende cancelar la actividad, como por la sospecha de intereses inconfesables para dejarla en manos de comerciantes inescrupulosos que la promueven de manera ilegal y que, pillados en el delito, han permanecido impunes.

Tal parece que la autoridad federal no ha comprendido que el régimen  de insensibilidad social, complicidad y corrupción,  que caracterizó a los gobiernos federales del PAN, ya terminó y que en Yucatán tenemos bien claro que  todos somos  iguales ante la Ley.

La impunidad y la discriminación en la aplicación de la Ley conducen al conflicto social.

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