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MÉRIDA, Yucatán.- La situación del comisario ejidal de Hunucmá, Víctor Canul Gómez (a) El Caballo, y demás acusados por la invasión de una propiedad privada, podría agravarse, informó Miguel Ángel Ceballos Martín, apoderado de los 19 copropietarios del terreno.

Esto después de la aceptación de la denuncia pública interpuesta en la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en Yucatán.

Explicó que la destrucción, tala y aprovechamiento de recursos maderables, sin contar con los permisos de las autoridades correspondientes y de los propietarios, genera la comisión de un delito de orden federal.

Como se ha publicado con anterioridad, el comisario ejidal Víctor Canul Gómez y demás integrantes de su directiva invadieron el predio rústico denominado San Antonio Número 1 del municipio de Hunucmá, ubicado en la vera del tramo carretero Hunucmá-Texán Palomeque.

En su afán de lograr apropiarse del terreno y de justificar de lo que es para él “el reparto agrario”, destruyó más de once hectáreas de selva baja con recursos maderables propios de la región y de algunas especies de la fauna de la zona. 

Entre los recursos maderables destruidos o talados se encuentra la variedad de plantas denominada cedro, actualmente protegida por las autoridades ambientales, según la NOM-59 de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Según el acuerdo firmado por el delegado de la Profepa en Yucatán, donde se toma conocimiento de la calificación y admisión de la denuncia, y previa visita realizada en los terrenos en cuestión para la verificación de lo denunciado, se constató la existencia del inmueble según las coordenadas geográficas asentadas en el acuerdo (21º 0’ 15.47” N y 89º 51’ 48.20” 0).

El expediente de aceptación de denuncia e investigación quedó registrado con el número PFPA/37.7/2C.28.2/0106-14, según lo declarado por el asesor y apoderado legal de un copropietario, Miguel Ángel Ceballos Martín. 

Pesa ahora sobre los susodichos representantes ejidales denuncias penales del orden común ante la Fiscalía General del Estado de Yucatán, por el delito de despojo de cosa inmueble, robo, daño en propiedad ajena y los que resulten; también han sido denunciados en los Juzgados de lo Civil y ahora por la comisión de delitos federales de orden ambiental.

Ante esta situación y con el propósito de que no se siga cometiendo delitos por parte de las personas que han sido engañadas por los representantes ejidales, se llevan a cabo acciones informativas por parte de los copropietarios a través de voceo y volanteo de prevención dirigido a las personas que indebidamente se les ha asignado lotes, “para que les quede claro, ya que los dirigentes ejidales no les han hablado con la verdad”.