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MÉRIDA, Yuc.- El manejo de los recursos del Ramo 33 está ocasionando problemas al Ayuntamiento de Mérida y está exhibiendo la incapacidad de los funcionarios municipales en el manejo de las nuevas reglas de operación de este dinero, destinado al combate a la pobreza en las zonas más marginadas, es decir, las colonias populares y las comisarías.

La falta de obras en las comunidades rurales, porque no se logran aterrizar los recursos del Ramo 33, ya ha motivado que los comisarios levanten la voz y exijan al alcalde Renán Barrera Concha, no sólo que se ejecuten esos trabajos sino que también se haga una adecuada priorización de los mismos, pues ahora se privilegia a poblaciones que tienen autoridad afín al partido del presidente municipal, es decir, el PAN.

Al respecto, la regidora Alejandra Cerón Grajales, del PRI, recuerda que una primera priorización que hizo el Ayuntamiento de obras en zonas marginadas tuvo que cancelarse porque no se siguieron los lineamientos establecidos.

“Ahora ya se ha hecho una segunda priorización y, lamentablemente, vemos que se siguen aplicando los mismos criterios partidistas que la anterior, donde no se toman cuenta las necesidades reales de la población”,  indica la regidora, quien es integrante del Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal.

Son 214 millones de pesos los que corresponden para Mérida del Ramo 33, de los cuales 34 millones de pesos de la primera priorización cancelada ya se perdieron y lo más probable es que los 49 millones de pesos de la segunda priorización vayan por el mismo camino, pues el comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal sigue actuando en desapego a las nuevas reglas de operación.

“Es preocupante esta situación, porque el comité no sólo no actúa en apego a las nuevas reglas del Ramo 33, sino que también actúa violando su propio reglamento”, advierte la regidora Alejandra Cerón. “No es lo mismo que presenten un listado ya impuesto a que tomen en cuentas la solicitudes de los ciudadanos que llegan por cualquier vía, ya sea a través de los comisarios o de ciudadanos que consideren que determinada obra hace falta en su comunidad… esto es una total imposición de las obras”.

"Disfunción administrativa"

Sobre el tema de los recursos del Ramo 33, el regidor Enrique Alfaro Manzanilla, coordinador de los ediles priistas en el Cabildo meridano, lamenta que la “disfunción administrativa” de este Ayuntamiento esté dejando sin obras a las comunidades que más lo necesitan.

Por lo pronto ya se perdieron 68 obras en perjuicio de 12 mil familias meridanas de las comisarías, precisamente de esas que ya no quieren sentirse “meridanos de segunda”, porque se sienten olvidados por la Comuna que encabeza Renán Barrera.

Tras la fallida priorización, ya no se encuentra el director de Desarrollo Social que no supo apegarse a las nuevas reglas de operación, es decir, Salvador Vitelli Macías, y en su lugar se encuentra ahora Julio Sauma Castillo, quien hasta hace unos meses era secretario general del PAN y quien tiene el reto de evitar que se sigan perdiendo los recursos para el combate a la pobreza en el municipio de Mérida.

En reiteradas ocasiones el regidor Alfaro Manzanilla ha señalado lo que él llama “disfunción administrativa” del Ayuntamiento, que a la fecha ha propiciado la salida de tres importantes funcionarios del Ayuntamiento. Además de Vitelli Macías, el director de Salud, Manuel Díaz Suárez, y la directora de Gobernación, Lizette Mimenza Herrera.

“No quisiéramos que la cuarta funcionaria fuera la tesorera municipal, Claudia Canto Mézquita”, indica Alfaro Manzanilla, “pero el desorden financiero de la administración nos hace exigir que haya un corrector manejo de los recursos, no del alcalde y sus funcionarios, sino dinero de todos los meridanos”.

Esta “disfunción administrativa” se notó, al menos en la Dirección de Desarrollo Social, desde principios de año, cuando la Sedesol federal impartió capacitación sobre las nuevas reglas de operación para los recursos del Ramo 33 y ningún funcionario municipal acudió a las sesiones.

“Yo estuve en las pláticas que impartió la Sedesol, y fue muy lamentable que ningún funcionario municipal acudiera”, recuerda la regidora Alejandra Cerón. Esta ausencia se notó en la primera priorización de obras que a la postre fue cancelada en perjuicio de miles de familias meridanas.

Recursos para combate a la pobreza

“De acuerdo con las nuevas reglas de operación, los apoyos van dirigidos a la población que más lo necesita, deben estar bien encaminados y se circunscriben a obras de alumbrado público, electrificación, agua potable, baños y letrinas, mejoramiento de vivienda y comedores comunitarios, y se dejan a un lado obras como carreteras de cuatro carriles, obras de lucimiento personal”, precisa la edil.

La funcionaria lamenta que están en riesgo de perderse los recursos del Ramo 33, y esto tendría consecuencias en el presupuesto del próximo año.

“La Federación premia en el ejercicio siguiente con un 20% adicional de recursos a los municipios que hayan aplicado adecuadamente los fondos del Ramo 33, y en el caso de Mérida, por la falta de aplicación de los mismos, es muy probable que se pierda”, deplora.

“No se trata de devolver sino de ejecutar los recursos, no estamos para ahorrar esos recursos o permitir un mal trabajo, los meridanos más pobre no merecen que les hagan esto”, señala.

Precisamente esos meridanos más pobres a los que se refiere la regidora alzaron la voz este miércoles, cuando más de 20 comisarios de Mérida pidieron al Ayuntamiento servicios públicos en sus localidades porque consideran que hasta el momento no se han realizado acciones que impulsen a sus comunidades.

Las autoridades auxiliares acudieron en bloque al Palacio Municipal, donde entregaron un pliego petitorio de ocho puntos que contiene sus firmas y en el que piden, entre otras cosas, la ejecución de obras públicas.

El comisario de Xcumpich, Carlos Javier Espinosa Martínez, dijo en representación de sus homólogos que son más de 20 comisarios los que han tratado de dialogar con la autoridad municipal.

“Tratamos de ver que se haga obra pública en las comisarías, queremos apoyos, tenemos necesidades, hay más de 200 millones de pesos para infraestructura disponibles por lo que queremos acciones en nuestras comunidades”, afirmó.

“Ya llevamos dos años y hasta el momento no tenemos apoyos, por eso integramos un escrito porque queremos dialogar para determinar qué obras se puedan ejecutar en las comisarías, hay necesidades y el crecimiento en las poblaciones rurales está siendo disparejo”, señaló.

Los comisarios entregaron un escrito que contiene ocho puntos, el primero de los cuales estipula que se requieren obras que beneficien a las comisarías de forma directa; asimismo que los recursos sean asignados con justicia, equidad, eficacia y eficiencia.

Pidieron ser partícipes de las decisiones importantes que se toman en beneficio de sus poblaciones; solicitaron eficiencia en el manejo de los recursos y lamentaron la cancelación de 68 obras priorizadas por un monto que estimaron en más de 34 millones de pesos.