Iván Duarte/SIPSE
MÉRIDA, Yuc.- A partir de septiembre de este año, un sentenciado tendrá nuevas “oportunidades” de reinserción social, pues podrá purgar penas parciales, ir a la cárcel fines de semana y estar libre durante su condena.

Asimismo, tendrá la posibilidad de que sus antecedentes penales sean borrados por completo, reducir o suprimir sus condenas, incluso ser perdonado por el acusante y así obtener su libertad de manera automática.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Estado de Yucatán, Marcos Celis Quintal, indicó que esta nueva forma de regir los penales de la entidad obedece a un cambio postulado en 2008, que pretende reinsertar a la sociedad a los condenados en lugar de saturar las prisiones.

Desde 2008 se puso en marcha las bases del nuevo Sistema Penal Acusatorio, el cual trae entre varias novedades la creación de la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado de Yucatán.

“Este apartado referente a la aplicación de condenas y la vida penitenciaria nos obligaba en tres años a poner en marcha un nuevo modelo de regir la vida en los centros de readaptación”, señaló el magistrado.

Aunque algunas de estas medidas, como las penas parciales, ya se aplicaban en la entidad antes de la reforma; éstas ya cuentan con el respaldo legal y los encargados de su aplicación son los jueces de Ejecución.

“Con esta nueva enmienda nos propusimos la creación de jueces de Ejecución, de los cuales ya hay dos en la entidad, y que tienen la facultad de tomar decisiones sobre la condena de los sentenciados, visitar las prisiones y cuidar el respeto a sus derechos humanos”, explicó Celis Quintal.

Cambio de fondo

De acuerdo con la citada ley, se pretende la reducción de la sobrepoblación en las penitenciarías, medidas de reinserción social y un cambio de fondo en la vida interna, que hasta ahora se efectuaba en el manejo de las prisiones del Estado.

“No se trata de vaciar las prisiones, sino de que la cárcel sea la medida última para aplicar la justicia a quien comete un delito –dijo el Magistrado.

Por su parte, el titular de la Dirección de Ejecución Prevención y Reinserción Social del Estado, Fermín García Avilés, explicó que se trata de un cambio de fondo en la forma como hasta ahora son administradas, reguladas y dirigidas las penitenciarías de la entidad.

La misma ley señala que los jueces de Ejecución tendrán injerencia para valorar si un reo es apto para cumplir con una pena parcial, es decir, ser recluido sólo fines de semana o de lunes a viernes, por mencionar algún caso.

Este nuevo código, firmado por la entonces gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, entre sus principales artículos indica lo siguiente: Si tomamos en cuenta que la finalidad de la pena privativa de libertad es la “readaptación social”, ahora “reinserción social”, y que al compurgar su pena se asume que la persona ha sido tratada lo suficiente como para que al regresar a la vida en sociedad no reincida en conductas ilícitas, el juez de ejecución de sentencias tendrá la gran responsabilidad de vigilar el tratamiento penitenciario a fin de que en sus facultades de modificación de las penas dictamine, adecuadamente, los beneficios conducentes que pongan fin a la privación de su libertad, aun de manera parcial.”

Sobrepoblación

De acuerdo con el índice de sobrepoblación en las penitenciarías de la entidad del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) se considera que hay nueve internos más por cada 100 presos.

Esta cifra ha variado por año en el reporte del Inegi, cuyo último registro va del 2003 al 2008.

En los últimos tres años de este registro, la estimación del Inegi es que en 2006 había 14 internos de más por cada 100 pobladores, mientras que al año siguiente bajó a 7, pero remontó de nueva cuenta en 2008 con 9.

Sin embargo, el panorama cambió, según el Censo Nacional de Gobierno 2011, el cual explica que en la entidad hay 351 celdas, 177 para hombres, 22 para mujeres y 152 mixtas.

Esto representa dos mil 784.88 metros cuadrados.

En el caso de hombres hay mil 310.92, en el caso de mujeres 188.46 y mil 285.50 para las celdas mixtas.

Esta situación se traduce en una capacidad instalada por personas superior a la población actual interna, según reportó la dependencia federal.