Ana Hernández/SIPSE
MÉRIDA, Yuc.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades en los trabajos de regulación y supervisión que la Secretaría de Gobernación debió realizar en los permisos de operación de casinos, como lo establece la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

La auditoría especial que realizó la ASF encontró también que ni siquiera el Consejo Consultivo de Juegos y Sorteos trabajó correctamente, sino que sólo sesionó una vez ese año, cuando debió hacerlo al menos dos.

La auditoría se llevo a cabo considerando aspectos del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2011, con fundamento en lo establecido en el Plan Estratégico de ese organismo 2011-2017.

La ley en la materia señala que la Segob debe contar con los inspectores para esa labor. El Reglamento de esta norma dispone que la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos (Dgajs) tiene a su cargo la atención, trámite y despacho de los asuntos relacionados con la supervisión  y vigilancia de esta ley y su reglamento. A partir del 15 de agosto de 2012 ese organismo se denomina Dirección General de Juegos y Sorteos.

El reporte de la ASF también indica que la entidad fiscalizadora no pudo acreditar que se establecieron colaboraciones con autoridades estatales, municipales o la fuerza pública para realizar inspecciones y vigilancias de estos sitios de sorteo, tampoco mostró resultados de combate al juego prohibido.

De esta forma, en la auditoría practicada en 2011, la Segob ni siquiera tiene los requisitos mínimos que establece la legislación en lo referente a los registros de control y permiso para la operación de casas de juego, ni siquiera la tenía actualizada y tampoco se indicó la última fecha de actualización, “que nunca podrá ser mayor de 10 días hábiles anteriores a la fecha en curso”.

Al revisar la documentación de ocho permisionarios que le dio la Secretaría de Gobernación, la ASF encontró que tres estaban en regla pero en los otros cinco se carecía de la información que debieron presentar para operar fiscalmente durante 2011.

Las autoridades tampoco cumplieron con el programa de verificaciones, porque no establecieron fechas, metas y carecía de autorización, así que se considera que se año no se programaron visitas de inspección.

En 2010 la Segob reportó que inspeccionó al 45.7 por ciento de las apuestas remotas y salas de sorteos y en 2011 ese porcentaje cayó al 20.5 porque de los 298 establecimientos en operación ese año. Los reportes indicaron que sólo se verificaron a 80 de estos sitios, pero no hubo evidencia documental de tres lugares,  y de las 77 restantes 16 fueron a establecimientos que carecían de permisos, por lo que en datos dejaron de revisar 237 casas de apuestas.

Gobierno estatal responde

Por su parte el Gobierno del Estado ya confirmó ante los Tribunales de Circuito la existencia del impuesto, motivo de los juicios de amparo interpuestos contra esa autoridad por ocho de los nueve casinos que funcionan en Mérida. 

El consejero jurídico del Gobierno del Estado, Ernesto Herrera Novelo, indicó que están atendiendo los requerimientos legales que lleva el proceso, y que en este caso fue un informe previo sobre el juicio de amparo que han solicitado los casinos.

En este caso es la respuesta positiva al requerimiento del Tribunal, que le pidió a la autoridad estatal saber si existe una ley que establece el cobro de servicios a los casinos y retención de impuestos a los jugadores, para continuar con el desahogo del juicio del amparo.

“Estamos cumpliendo con lo que marca el juzgado y en las próximas semanas entraremos a fondo del caso”, dijo el funcionario.

El viernes pasado informamos que los juzgados del Tribunal Colegiado recibieron solicitudes de amparo de empresas operadoras de casinos, que se consideran afectadas por el pago de impuestos por la ley estatal promulgada para los casinos.

Así que promovieron amparos contra el Gobierno y el Congreso del Estado, el primero por ejecutar y el segundo por aprobar la ley que establece estos cobros a esas casas de apuestas. En Yucatán operan nueve casinos.

Algunos de los pasos que requiere el Tribunal Federal en la integración del expediente son de trámite y se cumplen enviando la documentación a través de un estafeta, mientras cada parte organiza los argumentos que sustenten la solicitud o la defensa, según corresponda.

A través de la Agencia de Administración Tributaria, a cargo de Carlos Pasos Novelo el Gobierno considera obtener ingresos de 120 millones de pesos en el pago de impuestos de los casinos y los jugadores.