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MÉRIDA, Yucatán.- Una Comisión que genere acciones, programas y planes pilotos que ayuden al Poder Judicial a ser más eficaz en la protección de los niños y adolescentes desde el ámbito de la impartición de la justicia, fue una de las propuestas generadas en una reunión entre magistrados del Tribunal Superior de Justicia y la representante en México del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Isabel M. Crowley.

La funcionaria estuvo ayer en el Tribunal Superior de Justicia, donde sostuvo una larga plática de trabajo con los magistrados, quienes le informaron de las acciones que los juzgadores yucatecos han estado implementando con el fin de que los menores y adolescentes sean cada vez más protegidos y tutelados, tanto en lo referente a conflictos familiares, como penales.

Esta primera reunión que se abre en el Poder Judicial es un gran avance que permitirá incidir en temas de gran relevancia para mejorar las condiciones de los niños y adolescentes de México, un país eminentemente joven, expresó la representante de Unicef en México, al término de la junta de trabajo en la que también participó  el director del Sistema DIF Limber Sosa Lara.

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Marcos Alejandro Celis Quintal, explicó a la Sra. Crowley las acciones que el Poder Judicial lleva a cabo en diferentes ámbitos, para atender de forma especializada a los menores y adolescentes, sea cuando están en conflicto con la ley o cuando se encuentran en medio de conflictos familiares.

Resaltó la coordinación con el Poder Ejecutivo, particularmente el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) mediante la Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa), para la operación del Centro de Convivencia Familiar supervisada, que ayuda a restablecer las relaciones entre menores y sus familias.

Crowley, por su parte, previó que la Unicef reforzará su diálogo con el Tribunal Superior de Justicia para trabajar en temas relacionados con la protección y apoyo a menores en procesos judiciales, incluso generando una retroalimentación de mejores prácticas, lo que incluye la forma en que los menores pueden ser escuchados en los procesos judiciales y reintegrados a la sociedad.