Ana Hernández/ Milenio Novedades
MÉRIDA, Yucatán.- El secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Yucatán, Dr. Eduardo Batllori Sampedro, lamentó la desinformación y el mal manejo de datos sobre el proyecto de la granja porcícola en el municipio de Homún.

 Aseguró que como autoridad estatal, después de la autorización municipal que implicó revisar el uso del suelo que dio el alcalde, Seduma ha verificado que es el proyecto de la granja es acorde a las actividades permitidas en la zona, previo cumplimiento de una serie de requisitos.

Destacó que se han cumplido con todas las disposiciones que señalan las leyes en la materia, incluso hay pronunciamientos de autoridades federales que destacan la labor de dicha secretaría sobre este proyecto en Homún. 

El titular de Sedma aseguró que el proyecto es acorde a la zona. 

Según Batllori Sampedro, una muestra de que la Seduma ha realizado su trabajo, es que incluso el amparo promovido por inconformes con la obra, fue negado por el Tribunal.

No descartó que los quejosos recurran a otra instancias federales e incluso internacionales, "porque es su derecho", pero aclaró que lo que no se vale es el manipular la información como se ha intentado.

Recalcó que la granja porcícola Papo, que se construye en el municipio de Homún, está en una zona permitida, no generará descarga directa al manto freático, cumple con las disposiciones legales y no ha sido privilegiada, ya que el cumplimiento legal incluso ha sido analizado por autoridades judiciales.

Paso a paso evidenció cómo es la revisión de un proyecto que requiere la validación del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) de la dependencia a su cargo, lo que incluye un estudio y la resolución de todas las áreas involucradas.

Expuso todos los documentos que se han generado en el análisis de este caso, incluyendo la resolución del Juzgado Segundo, que fue en contra de los quejosos.

En una amplia explicación, Batllori Sampedro señaló que la Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán, en concordancia con el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que es derecho de todos los habitantes del Estado disfrutar de un ambiente ecológicamente equilibrado, incluido el de agua, que les permita una vida saludable y digna.

 El tema del agua es el punto de discrepancia, recordó, pero esta granja “no tendrá inyección directa al manto freático”.

La granja “Producción Alimentaria Porcícola” S.P.R. de R.L. de C.V. (Papo), contará con un biodigestor y también con una planta industrial de tratamiento de aguas residuales, la cual saneará el porcentaje del líquido que quedará de la primera etapa de limpieza.

Afirmó que “ninguna granja en Yucatán tiene una planta de este tipo, por lo que marcará la pauta a seguir en el tema”. Además, tampoco podrá extenderse en el terreno que ocupa, ya que el 53 por ciento de esa superficie debe ser de conservación.

Sobre la producción, precisó que los cerdos tienen un proceso de producción de cinco meses en la etapa de engorda, lo cual generará 2.1 ciclos reproductivos al año, por lo cual tampoco habrá ahí 50 mil animales al mismo tiempo, sino 23 mil 232 mil, que es el máximo, “salen esos y entran otros”.

“El promovente presentó una propuesta preliminar, elaborado por una empresa especializada dimensionada para 34 mil 848 cerdos por ciclo, está sobredimensionado en su diseño, contario a la mala interpretación que se hizo”.  Menciona también la necesidad de reutilización del agua en algunos procesos dentro de la granja, para reducir el líquido fresco del pozo.

Subrayó que existe mucha desinformación al respecto, como señalar que se criarán 50 mil cerdos y que se construirán una, dos y tres etapas. La realidad es que no hay crecimiento a futuro en la zona.

“A esta granja en particular no se le está pidiendo un biodigestor, sino una planta de tratamiento de agua residuales y un monitoreo permanente en los alrededores para detectar momentos de contaminación y poderlo parar”, detalló.

Precisó que “la ley nos faculta para hacer las visitas de inspección y regulación y podemos detener una actividad si representa un peligro real para la población, no abstracto, no teórico. No podemos basarnos en cuestiones teóricas, tenemos qué revisar”.

Batllori Sampedro señaló que expuso toda la documentación del caso después de consultarlo con el gobernador Rolando Zapata Bello y la Secretaría General de Gobierno, ya que algunas personas han tergiversado el tema, y acusado de corrupción de la Seduma, “lo cual no es válido”.

Explicó que un permiso de ese tipo no se otorga con facilidad y recordó que algunos de los inconformes son del área turística que aprovechan los cenotes de la zona, pero ese es un punto a revisar, ya que carecen de estudios de capacidad de carga.

Lo que no se vale, apuntó, es la desinformación que sobre el tema se genera y que los inconformes no acudan a debatir ante la autoridad o expertos su posicionamiento.

Recordó que cuando acudieron a protestar a las puertas de la Seduma salió para atenderlos y se negaron a entrar para hablar sobre el tema.

Asimismo, aunque desde otras dependencias se han realizado eventos para analizar la factibilidad económica y los impactos de la actividad agropecuaria, los quejosos no acuden, aunque previamente han confirmado su asistencia, además a él no lo invitaron a algunas reuniones que han realizado.