Ana Hernández/Milenio Novedades
MÉRIDA, Yuc.- Entre reclamos de al menos dos representantes políticos integrantes del Consejo, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Yucatán (Iepac) cerró sus actividades de 2015 con la aprobación por unanimidad del presupuesto de egresos que realizará durante el 2016.

Los representantes del Partido Nueva Alianza (Panal), Ricardo Barahona Ríos, y de la Revolución Democrática (PRD), David Barrera Zavala, criticaron los gastos superfluos que existen en ese organismo con la compra de modernos vehículos que “no son aptos para sus funciones”, así como la asignación de un bono electoral de 143 mil en el caso de la Presidenta, lo que contrasta con la austeridad que debe regir ante la situación económica del país.

Barahona Ríos abrió el tema al señalar que en la revisión de la relación del parque vehicular encontró que la Presidencia tiene tres vehículos asignados. En contraste, el bono que recibieron los consejeros en pago de estímulos a los trabajadores de ese organismo por antigüedad no superó los 7,500 pesos

La presidenta del Iepac, María del Lourdes Rosas Moya, respondió durante la sesión que los ingresos que recibe son parte del proceso de transparencia, que no han cobrado nada que no hayan percibido otros consejeros que los antecedieron y señaló que están trabajando en la elaboración de un Manual de percepciones para el personal y en un reglamento de austeridad.

En el caso de los vehículos, aseguró que no están a su servicio, sino de la presidencia para diferentes diligencias por lo que ya no se prestan, y que uno de ellos se le había facilitado al propio Barahona Ríos.

Sobre el ajuste que implica el presupuesto, que tiene una reducción de poco más de 16 millones en cuanto al proyecto que presentaron, dijo que los ajustes serán en gastos operativos. Citó como ejemplo que si habían previsto hacer 100 talleres en municipios, ahora tal vez sean sólo 30 y tendrán que definir en cuáles.

Lo que dejarán de hacer por el reajuste, en un acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, es aportar un recurso para abrir más módulos de atención ciudadana.

Había proyectado 181 millones 820 mil 206 pesos y les autorizaron 164 millones 739 mil 988 pesos, de los cuales el 44 por ciento es de servicios personales, que es el pago de nómina, y el 43 por ciento es para el financiamiento a partidos políticos, que es del orden de 70 millones 589 mil 907 pesos.

Hay una variación en los montos que recibirán los partidos, porque la ley establece que el financiamiento público ordinario a los partidos políticos se haga conforme al padrón electoral del estado al corte  de julio multiplicado por el 65 por ciento del salario mínimo vigente que es del 2015, así lo aplicó el INE; “pero lo partidos están acostumbrados  a que se les dé con el salario mínimo con un aumento proyectado para el siguiente año, la reasignación fue de un 3 por ciento; aunque el aumento al salario mínimo del octubre incrementó el monto que deben recibir en poco más de un 5 por ciento.