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MÉRIDA, Yucatán.- La innovación debe ser uno de los objetivos primordiales de las políticas de fomento económico, mismas que deben trazarse para insertar a Yucatán en la economía global de forma competitiva y con una visión social que beneficie a las familias del Estado, afirmó el gobernador Rolando Zapata Bello, durante la instalación del Consejo Consultivo para el Desarrollo Económico estatal.

En la sesión, el mandatario aseveró que para conseguir estas metas se debe contar con una visión integral y de largo plazo en la elaboración de las políticas públicas económicas y sociales, ya que sólo así, dijo, los beneficios que deriven de ellas serán estructurales y fundamentales en la construcción de una mejor economía que impacte positivamente los bolsillos de los yucatecos.

En presencia del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Marcos Celis Quintal, el titular del Ejecutivo señaló la importancia de la instalación de este Consejo, el cual permeará las estrategias que permitirán a la entidad ser más productiva en materia laboral, generar condiciones para tener más empleos formales mejor pagados y así, construir la infraestructura económica que Yucatán requiere para los retos futuros.

“Las vocaciones en el Estado están bien definidas: agroindustria, turismo, logística, tecnologías de la información. Pero requerimos más, debemos impulsar a los emprendedores, generar nuevas inversiones de alto valor”, puntualizó en el acto realizado en el auditorio “Labná” de la Secretaría de Fomento Económico (Sefoe), en el Centro Histórico de Mérida.

Acompañado del titular de la Sefoe y secretario Técnico de ESE Consejo, David Alpizar Carrillo, Zapata Bello reiteró su llamado a democratizar la productividad a través de una infraestructura competitiva y mejores inversiones en un clima de negocios propicio que fortalezca la capacitación y brinde certeza jurídica a los que quieran invertir en la entidad.

El Consejo Consultivo para el Desarrollo Económico de Yucatán tiene como objetivo establecer las disposiciones y proponer las acciones que permitan dar impulso a la actividad económica estatal, incentivar la inversión, fomentar el empleo y coordinar la participación social, privada, académica y legislativa en dichas directrices.

El órgano colegiado es presidido por el Gobernador y dentro de su estructura fundamental se contemplan un secretario técnico, un secretario adjunto y 12 consejeros más: seis del sector público, dos del sector social, dos del académico y dos del Poder Legislativo.

En su operación podrá participar la sociedad civil y cualquier otro ciudadano que cuente con ideas o tenga aportaciones pertinentes que puedan ayudar a encontrar mejores soluciones para los diferentes temas que dicho Consejo abordará en mesas de trabajo.

Al finalizar el evento, el Gobernador, acompañado de los miembros del Consejo, se trasladó a la Oficina de Atención y Orientación Empresarial para cortar el listón inaugural de dicha instalación, misma que ofrecerá servicios especializados para empresarios y emprendedores.

Al respecto, Alpizar Carrillo precisó que esta oficina responde a la reorganización institucional de la Sefoe en el marco de un trabajo integral cuyo objetivo es impulsar la inversión y el desarrollo industrial en todos los niveles y en todo el territorio estatal.

Riesgo de cerrar

Por otro lado, el Gobierno Federal y la clase empresarial deben buscar los mecanismos para la conciliación de intereses, ya que aumentar el pago de impuestos a través del seguro social para los trabajadores implicaría para muchas empresas el riesgo de cerrar, advirtió el secretario general de la CROC, diputado Pedro Oxté Conrado.

El diputado indicó que el problema que afronta el Gobierno Federal consiste en buscar alternativas para la generación de empleos formales para los más de trece millones de mexicanos que no tienen un empleo seguro, y por lo tanto carecen de seguridad social y la protección como lo manda la Ley Federal del Trabajo. 

El otro problema, dijo, es que los empresarios tendrían que pagar más impuestos, en base a todas las prestaciones que reciben los trabajadores, lo cual implicaría un aumento en los costos de administración para las empresas, y eso despertará la inconformidad de la clase patronal. 

Aclaró que la clase empresarial está de acuerdo en el pago de impuestos conforme a lo establecido en la ley. Es decir, sobre el salario de acuerdo al artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo.   

Sin embargo, ahora se pretende gravar las prestaciones sociales que no figuran en el salario base y eso hará que surja el problema porque aumentará los costos de operación de una empresa, por pequeña que sea. (Jaime Tetzpa/Milenio)