Cecilia Ricardez/Jorge Euán/Israel Cárdenas/Milenio Novedades
MÉRIDA, Yuc.- Documentos como el acta constitutiva y de asambleas del Instituto Educativo  de Yucatán A. C., la asociación civil del Instituto Patria demuestra que este centro nació de la iniciativa de laicos y apoyo de la Arquidiócesis para crear una escuela que fomentara la educación integral en la que se incluyen valores religiosos de la Iglesia Católica y no como una empresa privada, como lo expresó en comunicado la directiva de esta casa de estudios.

Aunque en el sitio oficial de esta organización (http://www.instituto-patria.edu.mx/), sólo presenta como miembros del patronato David Abraham Achach, Susana Aguilar Covarrubias, María Elena Sosa Roche y al padre Álvaro García Aguilar, en documentos consultados del archivo de esta agrupación, se indica que en total son seis integrantes, pues además aparecen Mario Augusto Erosa Burgos y Effy Farah Martín. 
Estos dos últimos siguen vigentes en las actas, ya que de acuerdo con sus estatutos no han incurrido en alguna falta grave (Art. 15) que amerite su exclusión. 

Tal como informamos ayer, el Instituto Patria emitió un boletín en el que dan respuesta al mensaje de la Arquidiócesis sobre su separación de la escuela por identificar malas prácticas en la organización y porque los integrantes de esa asociación no permiten que la Diócesis “tenga en sus manos la administración”, a pesar de que la ley ya lo permite. 

“El Instituto Patria es una empresa privada e independiente que nunca recibió aportaciones económicas de la Arquidiócesis y nunca desde su inicio estuvo vinculada con ésta como se le presentó en su momento al entonces Excmo. Don Manuel Castro Ruiz y al hoy Arzobispo Emérito Don Emilio Carlos Berlie Belaunzarán”, expresó el comunicado.

En contraparte, las actas de las asambleas de asociación civil indican que se formó para la creación de la institución educativa y se constituyó el 25 de mayo de 1991 (acta número 834). Fuentes consultadas explican que esta asociación fungió como figura legal,  porque aunque el padre Álvaro García Aguilar fue el impulsor y contaba con el apoyo de la Arquidiócesis, en ese tiempo, las organizaciones religiosas no podían recibir donaciones en efectivo o especie.

En el texto aparecen como miembros David Abraham Achach, Susana Aguilar Covarrubias, María Elena Sosa Roche, Mario Augusto Erosa Burgos, Effy Farah Martínez, José Luis Sosa Medina y Rosa Beatriz Lago Ancona.

Esta imagen, publicada en Novedades de Mérida en febrero de 1992, es de la colocación de la primera piedra del Instituto Patria.

El 30 de septiembre 1992 renunció Rosa Beatriz y entró en su lugar el padre Álvaro. En este documento se reconoció como presidente a David Abraham Achach, José Luis, como secretario y Mario Augusto, como tesorero. Posteriormente, debido al fallecimiento de José Luis Sosa Medina, dejó de figurar en el patronato.

La primera nota de prensa sobre el proyecto se publicó en un diario de circulación local el 28 de mayo de 1991 y desde entonces, tanto David Abraham Achach como el sacerdote reconocieron en las declaraciones documentadas que gracias a las donaciones comenzó la construcción de la escuela católica, la cual contaba con la autorización de monseñor Manuel Castro Ruiz, entonces Arzobispo de Yucatán. 

Entre los primeros benefactores que confiaron en el proyecto desde entonces, respaldado por la Arquidiócesis, fueron o son capitanes de importantes empresas yucatecas quienes dieron donativos econ´pomicos y en especie.

Reitera la Iglesia su disposición al diálogo

Respecto al comunicado del Instituto Patria, en el que manifiesta su “extrañeza” sobre el texto que se leyó el pasado domingo en las misas de las parroquias de María Inmaculada y Nuestra Señora del Líbano, y que publicó ayer MILENIO NOVEDADES, el vocero de la Arquidiócesis de Yucatán, Pbro. Jorge Martínez, señaló que la directiva del citado colegio no les hizo llegar la misiva y tampoco se ha acercado a la Iglesia para entablar el diálogo.

“Es claro y evidente que hasta ahora no hay arreglo, pero seguimos abiertos al diálogo. Esperamos un acercamiento”, recalcó.
Dijo que por el momento no hay denuncia y recalcó que la Arquidiócesis se deslinda de todo tipo de acompañamiento y conducción espiritual en el Instituto Patria, y se mantiene la prohibición de celebrar cualquier tipo de culto en el plantel.
Insistió en que el tema ha sido lo suficientemente abordado por la Iglesia de Yucatán y aunque no es un capítulo cerrado esperan que el proceso jurídico siga su curso normal.

Indicó que la Arquidiócesis de Yucatán ya no responderá ni emitirá opinión alguna al comunicado que emitió el Instituto Patria, en la que subraya que se trata de una empresa privada y en el que recalca que no existe fundamento sólido que justifique la entrega del colegio a la Iglesia.

Enfatizó que la Iglesia, por instrucciones del Arzobispo de Yucatán, Mons. Gustavo Rodríguez Vega, ya no hará declaraciones sobre el caso para no complicarlo ante la opinión pública.

En el acta constitutiva  se hace constar el acuerdo para que el Instituto Patria sea operado por un patronato.

Reiteró que la Arquidiócesis sólo busca garantizar el trabajo educativo del Instituto Patria y no el enfrentamiento por motivos económicos, por lo que insistió en que ahora todo está en manos de los asesores jurídicos.

Agregó que en esta semana, Mons. Gustavo Rodríguez Vega se encuentra en la reunión de la Conferencia del Episcopado Mexicano, afinando la agenda de la visita del Papa Francisco a México y espera que pronto se logre el entendimiento entre ambas instituciones.

Por su parte, la coordinadora jurídica de la Arquidiócesis de Yucatán, Teresita Angüas Zapata, señaló que la Iglesia de Yucatán procedió de manera correcta al deslindarse del citado instituto educativo y que la sociedad debe estar segura de que el Arzobispo de Yucatán, Mons. Rodríguez Vega, actuó con apego a la verdad y a lo que es justo.

Indicó que la comunidad católica puede tener la total confianza en el proceder del magisterio de la Iglesia y “sólo esperamos los tiempos para que la verdad prevalezca y salga a la luz en este caso”.

Finalmente, manifestó que el proceso seguirá su curso y desde el punto de vista jurídico la Arquidiócesis procederá siempre con apego a la justicia y al derecho.

La Arquidiócesis de Yucatán ya no responderá ni emitirá opinión alguna al comunicado que emitió el Instituto Patria, 

Se ventilan en Conciliación y Arbitraje 7 juicios contra la escuela

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje desahoga siete juicios laborales contra el Instituto Patria, promovidos por ex trabajadores en los últimos nueve años, y que incluso han derivado en el embargo de una de las cuentas bancarias de la institución educativa.

El presidente de la Junta Local, Armando Aldana Castillo, dijo ayer que el principal motivo de los juicios es el despido injustificado, que comenzaron previamente al conflicto que surgió el domingo pasado. Actualmente continúan en proceso para dictaminar lo que legalmente corresponda.

“De los siete juicios en este momento dos están para dictaminarse el laudo, los otros están en la etapa de conciliación, demanda y excepciones, donde nosotros como autoridad laboral siempre invitamos a las partes para que se sienten a conciliar y paguen los derechos de los trabajadores y no esperar el dictado de un laudo que a la larga genera un conflicto jurídico laboral en forma económica hacia los patrones”, expuso.

Respecto del embargo de una de las cuentas bancarias del Instituto Patria, Aldana Castillo explicó que la sanción obedeció al dictamen de un laudo a favor de un ex trabajador.

“A raíz del embargo de esa cuenta las partes dialogaron y suscribieron un convenio de cumplimentación del laudo y el expediente ya está archivado”, expuso.

En este contexto, con base en una investigación, se documentó un caso registrado en 2006 en el que una ex empleada que laboró durante más de 14 años en el Instituto Patria fue despedida injustificadamente y sin liquidación, tras recortarle el 50 por ciento del sueldo con el argumento de que su salario era alto y que la institución atravesaba por problemas administrativos y económicos.

La extrabajadora expuso en su momento que el Instituto Patria la condicionó para que aceptara la propuesta de reducción de sueldo aun contra lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. 

En este sentido, la afectada propuso entonces que para conservar su empleo fuera liquidada con el sueldo que percibía y por los 14 años de servicio, para que seguidamente fuera recontratada con un salario inferior.  Este planteamiento fue rechazado, toda vez que el Instituto Patria señaló que para conservar el empleo se tenía que aceptar la reducción del salario sin liquidación.

Al no llegar a un acuerdo, el plantel procedió al despido sin liquidación y la afectada promovió un juicio ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para que la institución educativa le pagara la liquidación correspondiente.

La junta local a su vez ordenó al centro educativo el pago de la prestación pero éste respondió entregando tres cheques. El monto otorgado hace año y medio por parte del Instituto Patria -administrado por David Abraham Achach, Lizbeth Ocon Zahoul y Kenia Patrón Carrillo-  son sólo una parte de los recursos que corresponden a la ex trabajadora por su liquidación, por lo que el conflicto laboral continúa.