Luis Fuente/SIPSE
MÉRIDA, Yuc.- La integración de Mérida al sistema penal acusatorio, programado para septiembre de 2013, significa un importante reto para el Poder Judicial, ya que en esta zona se llevan a cabo siete de cada 10 procesos penales, por lo que se cambiará la dinámica realizada en los otros centros de justicia, ya que habrá mayor demanda de jueces y personal.

En materia de infraestructura se ha planeado construir un edificio exprofeso para el sistema penal acusatorio, en un terreno enfrente del actual inmueble de los juzgados penal, pero todavía está en proyecto, ya que falta encontrar los recursos para levantarlo.

En tanto, en el edificio de los tribunales civiles se cuenta con dos salas de oralidad para cuando entre en funciones el sistema en materia mercantil y familiar.

El Poder Judicial espera que el Centro de Justicia Penal de Mérida, que abarcará 25 municipios, incluyendo la capital yucateca, en el que habitan más de un millón de personas, se generen alrededor de cuatro mil procesos al año en el sistema de justicia acusatorio y oral.

“Para 2013, la oralidad también se aplicará a los casos en materia mercantil y familiar en todo el Estado, el reto es mayúsculo y no sólo dependerá de jueces, sino de fiscales y litigantes, quienes deberán estar preparados para llevar a cabo correctamente los procesos”, dijo el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Marcos Celis Quintal.

El funcionario destacó que los jueces en materia penal y familiar han sido sometidos a intensas jornadas de capacitación, incluso con agencias internacionales como la Judicatura de Canadá, a través del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec) y la agencia estadunidense Usaid.

En ambos países, el sistema es acusatorio y oral, por lo que tienen mucha experiencia en esas materias.

El también presidente del Consejo de la Judicatura indicó que han puesto énfasis en la necesidad de que los alumnos de las facultades de Derecho de las distintas universidades, no sólo en la entidad sino en la Península, y los abogados se capaciten para desempeñarse en el sistema acusatorio y oral.

“De hecho, se ha ofrecido cursos y capacitación para cientos de abogados”, indicó.

Comentó que los resultados de esta transformación no serán visibles de manera inmediata. En  una década, considera, se contará con un sistema de impartición de justicia más humana, eficiente y rápida.

Impartición de justicia pronta y efectiva

El sistema penal acusatorio y oral permite la impartición de la justicia de manera pronta y expedita, además de que se protegen las garantías del inculpado, pues las personas acusadas de un delito no pagarán por anticipado sus penas, expresó el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Marcos Celis Quintal.

Agregó que también se busca promover la reparación del daño y la protección de los derechos de la víctima.

Desde la entrada en vigor de la Reforma Constitucional en Materia de Seguridad y de Justicia, el Poder Judicial del Estado ha implementado una estrategia integral, cuyos ejes son la creación de nuevos juzgados, infraestructura más moderna, mayor efectividad de gestión en la actividad jurisdiccional, simplificación de la impartición de justicia y que ésta sea con sentido humanista y con perspectiva de género.

Mencionó que los tres poderes públicos, mediante la Reforma constitucional y legal en materia de seguridad y de justicia, asumieron como prioridad dentro del ámbito de sus respectivas competencias, la transformación de Yucatán en un Estado más seguro y más justo.

Consideró que sólo la suma de esfuerzos y voluntades logrará los resultados deseados en la implementación del nuevo sistema de justicia penal, es decir, que sea más rápida y efectiva.

Expresó que el sistema acusatorio exige a los jueces, fiscales, abogados defensores y demás participantes nuevos conocimientos y habilidades profesionales, pero sobre todo, un cambio de mentalidad.

Una de las características de mayor importancia del nuevo sistema es el desarrollo de juicios públicos y transparentes, que protegen los derechos del indiciado y de las víctimas y los testigos, en los cuales los medios de prueba se presentan de forma más eficaz.

Señaló que el nuevo sistema penal está diseñado para no permitir la impunidad, que castigue a los verdaderos culpables y absuelva a los inocentes.

“Este modelo hace más transparentes los procesos, pues los jueces escucharán de viva voz de los involucrados las pruebas y declaraciones, por lo que cada palabra tendrá una historia qué contar”, aseguró.

“Que nadie se equivoque, este nuevo sistema tiene un irrestricto respeto por los derechos humanos y no está diseñado para generar impunidad es un mecanismo que ha probado su eficacia y que ubica a Yucatán como una referente nacional”, indicó.

El sistema penal acusatorio y oral entró en vigor el 15 de noviembre de 2011 en Yucatán, con anticipación de cinco años (el límite es 2016), ya que el Gobierno Federal estableció un plazo de ocho para la implementación de esta reforma.

Poder Judicial cambia sus “bases”

Los tres Poderes del Estado firmaron un acuerdo para que el nuevo sistema penal comience a funcionar en tres etapas, el primero entró en vigor a principios de noviembre de 2011.

El Poder Judicial realizó también una nueva organización territorial para el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, el cual quedó integrado por cinco distritos judiciales: el primero con sede en Mérida, el segundo con base en Kanasín, el tercero en Tekax, el cuarto en Umán y el quinto en Valladolid.

Si bien en el mapa del cambio en materia penal Yucatán lleva poco más de las dos terceras partes con este sistema, en 2013 el desafío es todavía mayor, con la integración de la capital yucateca, Mérida, una metrópoli regional que ha registrado un crecimiento acelerado en los últimos años, lo que se traduce en una demanda más creciente y efectiva de impartición de justicia.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Marcos Celis Quintal, recordó que la primera etapa comenzó a operar el 15 de noviembre del año pasado, en el departamento judicial con sede en Valladolid, y en la segunda región del departamento judicial con base en Umán.

En el primer caso, la jurisdicción abarca los municipios de Buctzotz, Calotmul, Chankom, Chemax, Chichimilá, Chikindzonot, Cuncunul y Dzitás.

También los municipios de Espita, Kaua, Panabá, Río Lagartos, San Felipe, Sucilá, Tekom, Temozón, Tinum, Tixcacalcupul, Tizimín, Uayma, Valladolid y Yaxcabá.