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MÉRIDA, Yuc.- El Congreso de San Luis Potosí avaló ayer la minuta de la reforma energética, con lo que alcanza la aprobación de 17 legislaturas estatales y con ello consolida su declaratoria de Constitucional.

El presidente Enrique Peña Nieto, en gira de Estado por Turquía, declaró que la promulgación de la reforma será inmediata, una vez que se emita la declaratoria de la Comisión Permanente del Congreso.

David Penchyna, presidente de la Comisión de Energía en el Senado, informó que mañana la Comisión Permanente del Congreso de la Unión hará la declaratoria de constitucionalidad y de inmediato la turnará al Ejecutivo federal para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

La reforma energética, considerada como la “madre” de todas las reformas en el México contemporáneo, a juicio de expertos abre el sector a la inversión privada, por lo que capital nacional y extranjero podrán participar en la generación y distribución de petróleo y sus derivados, así como electricidad.

Para el director del Comisión Federal de Electricidad, Francisco Rojas Gutiérrez, “en el nuevo entorno de la reforma energética (la paraestatal) está lista para seguir siendo el sustento más firme para contribuir al desarrollo de la nación”, ya que “ha mostrado una vez más su capacidad para atender adecuadamente los requerimientos del país y ha demostrado que la distinguen la eficacia, eficiencia y competitividad”.

La minuta de la reforma energética en los 17 Congresos de los estados logró el tiempo récord de 57 horas con 25 minutos para su aval, desde que salió del Cámara de Diputados, el pasado 12 de diciembre.

Yucatán la aprobó el domingo

El domingo la aprobaron las legislaturas de Yucatán, Tamaulipas y Puebla, y pasada la medianoche de ayer, San Luis Potosí. El sábado fue avalada por el Congreso de Quintana Roo, que se sumó con su postura a favor de la minuta a sus similares de Chiapas, Querétaro, Veracruz, Estado de México, Hidalgo, Durango, Baja California Sur, Campeche, Sonora, Coahuila, Jalisco y Nayarit.

Especialistas consideran que con 16 congresos estatales es suficiente para declarar una reforma como constitucional, pero desde 2007 el Congreso de la Unión declara la constitucionalidad con un mínimo de 17 legislaturas.

La Reforma Energética aprobada por el Congreso de la Unión en lo general surge del consenso entre los partidos políticos, enriquecido por los foros de expertos organizados por el Poder Legislativo, señala un documento de la Cámara de Diputados.

Esta reforma busca mantener la propiedad de la Nación sobre los hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo; modernizar y fortalecer, sin privatizar, a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como empresas productivas del Estado 100% mexicanas.

También permitir que la Nación ejerza de manera exclusiva la planeación y control del sistema eléctrico nacional, en beneficio de un sistema competitivo que permita reducir los precios de la luz; contar con un mayor abasto de energéticos a mejores precios; garantizar estándares internacionales de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.

Asimismo, combatir de manera efectiva la corrupción en el sector energético; fortalecer el ahorro de largo plazo a través de la creación del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, en beneficio de las generaciones futuras; impulsar el desarrollo, con responsabilidad social y protegiendo al medio ambiente; atraer inversión al sector energético mexicano para impulsar el desarrollo del país; y reducir los riesgos financieros, geológicos y ambientales en las actividades de exploración y extracción de petróleo y gas.

“La CFE volverá a mostrarle al país que ha sido y seguirá siendo la plataforma más eficaz para garantizar el desarrollo de México y mantenerse a la vanguardia como una de las empresas más importantes del mundo en su género”, consideró Rojas Gutiérrez, quien además de dirigir a la paraestatal, había sido director general de Pemex, de 1987 a 1994.

Los beneficios que verán los mexicanos con la reforma energética se traducirán en bajar las tarifas eléctricas, del gas y del precio de los alimentos; lograr tasas de restitución de reservas probadas de petróleo y gas superiores a 100%; aumentar la producción de petróleo, de 2.5 millones de barriles diarios que se producen actualmente, a tres millones en 2018, y a 3.5 millones en 2025.

Así como aumentar la producción de gas natural de los 5 mil 700 millones de pies cúbicos diarios que se producen actualmente, a ocho mil millones en 2018, y a 10 mil 400 millones en 2025; generar cerca de un punto porcentual más de crecimiento económico en 2018 y aproximadamente dos puntos porcentuales más para 2025 y crear cerca de medio millón de empleos adicionales en este sexenio y dos millones y medio de empleos más a 2025.

Las 17 legislaturas estatales aprobaron la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, así como el régimen transitorio de 21 artículos para permitir, después de 75 años, que el sector privado nacional e internacional participen de la exploración y comercialización del petróleo, gas y energía eléctrica.

En el Artículo 25 Constitucional se establece la categoría de empresas productivas del Estado, para que Pemex pueda consolidarse como una compañía líder a nivel internacional. En el 27 se mantiene la propiedad de la Nación sobre los hidrocarburos en el subsuelo y la prohibición expresa de otorgar concesiones para exploración y extracción de hidrocarburos.

Se permite que estas actividades puedan realizarse mediante asignaciones a organismos del Estado, o mediante contratos con organismos del Estado o con particulares, para compartir riesgos, la tecnología y la experiencia. Se establece que la propiedad de la Nación sobre los hidrocarburos en el subsuelo, deberá afirmarse en las asignaciones o contratos.

Actividades estratégicas

En el Artículo 28 Constitucional se establece que la exploración y extracción de petróleo y gas son actividades estratégicas. La ley regulará, entre otras, las siguientes modalidades de contraprestación por las actividades de exploración y extracción de petróleo y gas natural: en efectivo, para los contratos de servicios; con un porcentaje de la utilidad, para los contratos de utilidad compartida; con un porcentaje de la producción obtenida, para los contratos de producción compartida; con la transmisión onerosa de los hidrocarburos una vez que hayan sido extraídos del subsuelo, para los contratos de licencia, o cualquier combinación de las anteriores.

El Gobierno de la República elegirá el tipo de contrato que más convenga al país y escogerá la modalidad de contraprestación para lograr el mayor beneficio para el desarrollo de largo plazo. Tales contratos podrán ser de servicios, de utilidad o producción compartida, o de licencia.

Pemex y los particulares podrán reportar a inversionistas y reguladores, así como al público en general, los proyectos que desarrollen en México y los beneficios esperados, siempre y cuando se afirme en las asignaciones o contratos que el petróleo, el gas y los demás hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo, son propiedad de la Nación, señala el documento de la minuta de reforma enviada a los congresos estatales.

Papel estratégico

• Pemex mantendrá su papel estratégico en la industria petrolera. Para ello, se realizará una “ronda cero” con el fin de proteger la inversión que ha realizado previamente.
• Así, la paraestatal podrá mantener las asignaciones de exploración y producción que convengan a sus intereses y migrarlas hacia un esquema de contratos.