Cuando se aprobó la reforma en materia de seguridad y justicia en 2008, que impactó también al sistema penal, los abogados y servidores públicos de instancias que toman parte en el buen resultado de un proceso penal venían de trabajar, por décadas, en un marco legal que permitió que se instalaran ciertos hábitos e ideas talladas en piedra sobre lo que debía ser su desempeño y sobre el propio sistema.

Si bien ya está en marcha, aún hay pendientes de primerísimo orden para los siguientes gobiernos federal y algunos estatales, sobre todo en lo referente a la actuación de las fiscalías, las policías municipales y estatales, los defensores públicos y el sistema penitenciario, eslabones críticos en la cadena de responsabilidades para el éxito del sistema.

Aunque ya era acusatorio, porque existía el Ministerio Público como acusador, la defensa del acusado y las partes (denunciante y denunciado), y a la vez inquisitivo, porque, como hoy, partía de una acusación que debía ser probada para llegar a una sentencia, como sociedad se nos había fijado sólo una visión del asunto, aquella en la que la culpabilidad del señalado era automática, sin necesidad de juicio. Es probable que esa idea nos diera una falsa tranquilidad como sociedad, al igual que el hecho de que, ante la duda, cualquier persona investigada por cualquier delito debía ser enviada a prisión.

Pero los diagnósticos eran muy diferentes a nuestras creencias: por ejemplo, en las cárceles había hasta 40% de personas sin sentencia, pagando condenas “anticipadas”.

México, al igual que otros países de la región, se enfrentaba a una gran presión para cambiar su sistema de justicia penal que ya no armonizaba con la tendencia internacional de procesos penales efectivos en las pruebas y a la vez respetuosos de los derechos humanos de todos, como garantía de una verdadera justicia, que dejara de basarse en “presuntos culpables” y pruebas fabricadas.

No deben olvidarse los casos documentados de detenciones arbitrarias y procesos basados en pruebas obtenidas de forma ilegal, que tuvo su cúspide con el caso de Florence Cassez, en el sexenio de Felipe Calderón.

Por eso, más que el sistema, el tema a debatir es cuán rápido van a adecuarse nuestras instituciones a esta forma procesal que busca dejar atrás las viejas prácticas. El hecho es que entramos a un sistema penal de primer mundo con las instituciones con las que contábamos.