19 de Septiembre de 2018

Yucatán

Ley 'antilavado' agarra dormidos a comerciantes

La reforma legal va en contra de la simplificación administrativa; genera dudas y en cuanto a la información de los clientes.

Los empresarios se preparan para hacer frente a la disposición. (Milenio Novedades)
Los empresarios se preparan para hacer frente a la disposición. (Milenio Novedades)
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J. Tetzpa y L. Fuente/SIPSE
MÉRIDA, Yucatán.- La Ley contra el lavado de dinero se opone a la simplificación administrativa impulsada por las autoridades federales, ya que genera dudas y confusiones en cuanto al resguardo de la información que se deberá solicitar a los clientes cuando se trate de actividades que pudieran resultar ilícitas, ya que de no cumplir se pueden hacer acreedores a sanciones de hasta cuatro millones de pesos, indicó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) en Mérida, José Manuel López Campos.

Como oportunamente informó MILENIO NOVEDADES, dicha ley se publicó en agosto de 2012 y entró en vigor el pasado domingo 1; ese día se publicó el reglamento de la nueva legislación y será el 1 de noviembre cuando entre en vigor la restricción a las operaciones comerciales de dinero en efectivo, y también, a partir de esa fecha, cuando los comerciantes tendrán la obligación de emitir avisos a las autoridades si detectan alguna operación “vulnerable”, los comerciantes a su vez se declararon inquietos por esa ley.

El dirigente empresarial indicó que con la conferencia ofrecida por el expresidente del Colegio de Notarios Públicos y del Colegio de Abogados de Yucatán, Jorge Peniche Aznar, sobre la Ley contra el lavado de dinero, la preocupación de la Canaco en Mérida es sobre la dificultad administrativa y la complicación que tendrán las micro, pequeñas y medianas empresas para cumplir con la elaboración de los expedientes de cada cliente, así como entregar reportes con las características que indican esta nueva ley, su reglamento y las reglas de operación.

Piden empresarios que fiscalización no recaiga en el ciudadano

Explicó que en un país en donde los empresarios, para alcanzar niveles de bienestar, requieren de la simplificación administrativa, “este tipo de leyes y normas van en sentido contrario”.

“Nos preguntamos si en otros países la Ley contra el lavado de dinero opera de igual forma, ya que el inversionista busca la simplificación y la reducción en tiempos para operar, porque las ventajas operativas ya no son entre los estados del país, sino a nivel global”, señaló.

Destacó que los objetivos de la ley son positivos, en cuanto a evitar la procedencia de dinero ilícito, ya que se estima que al año ingresan entre 10 y 14 mil millones de pesos a la economía formal, “pero habría que ver que esa fiscalización no recaiga en el ciudadano, porque de la manera en que se le compromete y aplicará sanciones, con montos elevadísimos, muchos podrían tener problemas injustamente”.

Aclaró que la Canaco pone al servicio de sus afiliados al departamento jurídico, que dirige Juan Martín Vázquez, para asesorarlos en esta etapa de transición, a fin de que micro, medianos y pequeños empresarios den cumplimiento a la nueva normatividad.

Manifestó que el lavado de dinero es una operación que consiste en hacer que los fondos de activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legales y circulen en el sistema financiero mexicano.

Explicó que el blanqueo de capitales se realiza en varios niveles y en México ha ido cambiando, situación que obligó a las autoridades a reforzar las medidas para prevenir y combatir el problema.   

Expedientes de 10 años

Con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como ley contra el lavado de dinero, negocios como casinos, casas de cambio, constructoras, inmobiliarias, negocios de bienes raíces, e inclusive individuos que llegaran a cerrar un negocio considerado “vulnerable” con una persona física, deberán abrir un expediente de ese cliente con información sobre su ocupación y fuente de ingresos, el cual deberán conservar por lo menos diez años.

Además, se tendrán que sujetar a esta ley las tiendas departamentales, despachos jurídicos y contables, tiendas de autoservicio, prestadoras de servicios de cobranza, empresas de seguridad privada, casas de préstamo o empeño, galerías de arte, distribuidoras automotrices, marítimas y aéreas, entre otros negocios. 

Identificar clientes, obligatorio

Los empresarios que realizan actividades consideradas vulnerables en el marco de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita tendrán como plazo el 1 de noviembre para registrarse ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), a fin de cumplir con la presentación de los avisos que demanda la autoridad, señaló el notario público Jorge Peniche Aznar, tras impartir una conferencia sobre el tema, ante más de cien socios de la Canaco, en donde reconoció que “la ley nos agarró dormidos”.

Se estima que al año se blanquean en el país entre 10 mil y 14 mil millones de pesos

Explicó que la legislación pretende evitar el uso de recursos de procedencia ilícita en actividades que se consideran “vulnerables”, entre otras, todas las operaciones realizadas por las entidades financieras, servicios que prestan los notarios públicos, los agentes aduanales, los servicios de comercio exterior, los vendedores de joyas, automóviles, arrendadoras y constructores, lo que hace un universo considerable que generará información a la autoridad a través de los procesos de identificación de los clientes, y de avisos sobre las denominadas actividades vulnerables.

Agregó que esta ley obliga a los empresarios a identificar a sus clientes, así como a proporcionar avisos a la Unidad de Inteligencia Financiera, creada por la Secretaría de Hacienda, a través del Sistema de Administración Tributaria. 

Agregó que al corroborar la identidad del cliente se obtendrán datos esenciales de la persona que compra o invierte, y se pretende conocer el origen de los recursos, lo cual contribuirá a prevenir, investigar y perseguir los delitos relacionados con operaciones con dinero ilícito. 

El aviso
  • En caso de detectar alguna anomalía con sus clientes, los comerciantes deberán avisar al SAT, quien lo reportará a la Unidad de Inteligencia Financiera, la cual depende de la Fiscalía General.

Prevén descontón a las operaciones financieras ilícitas

La Ley contra el lavado de dinero es una importante herramienta para detener el flujo de dinero de los cárteles de narcotráfico, ya que el tema financiero es lo que verdaderamente le duele a la delincuencia organizada, expresó el subprocurador regional de Procedimientos y Amparos de la PGR, Renato Sales Heredia.

Buscan afectar a la delincuencia organizada en lo que “verdaderamente le duele”

“Llevamos varios años preparándonos para ello, incluso México forma parte del grupo de acción financieras desde hace 10 años, de modo que se han analizado los alcances de las medidas, y ya está reglamentada”, añadió el funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR).

Indicó que esta ley y el fundamento de recomendaciones del grupo de acción financiera permitirán detener el flujo de capital a la capacidad de operaciones de los cárteles, que es lo que importa.

Por otra parte, señaló que la Subprocuraduría Regional de la PGR busca incrementar la coordinación con los estados del sur-sureste y las instancias federales para erradicar los puntos en los que hay incrementos de ilícitos y aumentar los enlacenes donde se mantiene la paz social.

Agregó que en toda la región ocurren casos de cobros de derecho de piso, extorsiones y engaños telefónicos, los cuales se atienden en coordinación con las entidades de procuración de justicia. 

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