Israel Cárdenas/SIPSE
MÉRIDA, Yuc.- En nuevo paso contra el comercio informal y la venta de mercancía de dudosa procedencia, el Gobierno de Estado propone sancionar con prisión de hasta seis años a quien compre artículos robados y/o “fayuca” en Yucatán.

De igual manera se propone una sanción de hasta 100 mil salarios mínino a personas (conocidas como halcones), que den el “pitazo” a grupos delictivos sobre los operativos de las corporaciones de seguridad.

El consejero jurídico estatal, Ernesto Herrera Novelo, explicó que se plantea ampliar las sanciones para el delito de “encubrimiento” respecto de la adquisición de artículos robados.

Un ejemplo, dijo, es que en una casa de empeño que compra artículos de procedencia dudosa, no se cercioran de quién es el dueño, quién lo está llevando, y por ahí ponemos una serie de normatividades para ir más allá en el caso de que se detecten productos robados en ese tipo de negocios.

“Esa es una penalidad que se incluye para el que esté comprando artículos robados”, subrayó.

El funcionario precisó que las sanciones irán de dos a seis años de prisión, y que combatirá, entre otras cosas, el robo a casa habitación para que los objetos sustraídos de manera ilícita de los domicilios no se puedan comercializar tan fácilmente.

Estas penalizaciones forman parte del paquete de reformas al Código Penal que el Gobierno del Estado presentó ayer ante el Poder Legislativo. 

Tras entregar el paquete de seis iniciativas a la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Ernesto Herrera explicó que lo que se busca es que la persona se cerciore de la procedencia de lo que compra.

“Hay algunos otros mecanismos cuando no existan facturas, pero que se sepa a través de algún documento o una identificación oficial en la que diga dónde viva la persona para que se pueda saber quién vende el artículo”, precisó.

“Para los que no tengan factura habrá un mecanismo para que se presuma que es buena fe la venta, eso obligará a los que compran a cerciorarse de que no están adquiriendo algo robado”, agregó.

Por otra parte, el funcionario dijo que la reforma al Código Penal también considera la incorporación de un delito que se denominará “facilidad delictiva”, que consiste “en que un grupo de personas cuidan a otros sujetos que realizan actividades ilícitas y les avisan de las rutas que llevarán las fuerzas especiales para que pueden sustraerse de la acción de la justicia”.

Agregó que han detectado que personas mayores de edad utilizan a menores para darles el “pitazo”. 

“La persona mayor que obtenga un beneficio de esa actividad, tendrá una sanción cincuenta por ciento mayor a los seis años”, subrayó.

Sobre las sanciones económicas dijo que éstas podrán ir de 100 a 150 mil salarios mínimos. 

“Estamos buscando penas fuertes realmente para que la gente deje de estar prestándose a estas actividades”.

Reformas a tres leyes y un código

El Ejecutivo Local presentó ayer ante el Congreso del Estado iniciativas para reformas al Código Penal, Ley de Derechos Humanos, Ley de Hacienda y a la Ley del Notariado del Estado de Yucatán. 

La diligencia estuvo a cargo del consejero jurídico, Ernesto Herrera Novelo, en representación del gobernador del Estado, Rolando Zapata Bello.  

Respecto a la Ley de Derechos Humanos, el consejero jurídico señaló que se propone la armonización del marco jurídico de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) a los lineamientos federales en la materia. 

Las reformas al Código Penal contemplan la modificación del artículo 186, referente a la venta de artículos de procedencia ilícita, sobre las precauciones que debe considerar el comprador para evitar la comisión del delito de encubrimiento en su modalidad de receptación.