Luis Fuente/Milenio Novedades
MÉRIDA, Yuc.- A pesar de las peticiones de los fiscales y la parte afectada de agregar una garantía económica a Rodrigo Antonio Díaz Gutiérrez, acusado de un millonario fraude contra Marysa Torre Fuentelzas, la juez primero de control, Elsy Villanueva Segura, confirmó la que había impuesto desde el principio de este asunto, que es ir a firmar el libro de registros del Centro Estatal de Medidas Cautelares, y solo otorgó una prórroga que vence en mayo próximo.

Como publicamos, en la audiencia intermedia realizada el 31 de enero pasado en el Centro de Justicia Oral de Mérida, no se presentó el acusado, por lo que los fiscales solicitaron que se le considerara prófugo de la justicia, pero la juez hizo valer los argumentos ofrecidos por la defensa y no accedió a la petición de la parte acusadora.

Sin embargo, convocó a una audiencia para debatir sobre la posible modificación de las medidas cautelares, que actualmente es ir a firmar cada mes el libro de registros del Centro Estatal de Medidas Cautelares.

La audiencia se realizó este jueves, y en ella los fiscales argumentaron que ahora existe la posibilidad de que el acusado se de a la fuga, debido a que ya se decretó la apertura a juicio y de ser declarado culpable iría a la cárcel; además del pago de la reparación del daño.

Efraín Encalada Burgos, asesor jurídico de la víctima, se adhirió a la petición de los fiscales, pero además solicitó que este tribunal le requiriera el pasaporte y se le prohibiera salir del estado.

Por su parte, la defensa señaló que el acusado ha cumplido con presentarse a las audiencias, a excepción de la intermedia, porque no pudo ser localizado a tiempo.

Al resolver, la juez Elsy Villanueva Segura hizo valer los argumentos de la defensa de acusado, y además indicó que no hay indicios de que Rodrigo Díaz Gutiérrez intentará darse a la fuga.

Por ello decidió continuar con la medida cautelar de solo firmar el libro de registros, y argumentó que ya en una ocasión la sala penal del Tribunal Superior de Justicia resolvió a su favor y por unanimidad sobre esa petición de los fiscales para modificarla.

Los antecedentes del caso 

En octubre de 2013, la ahora afectada se interesó en adquirir un departamento por lo que se entrevistó con Rodrigo Antonio Díaz Gutiérrez, quien se ostentó como representante legal del Corporativo Rdiez S.A de C.V., quien le propuso en venta uno de los 14 departamentos que se construirían en el predio 322 de la calle 15 polígono II de Chicxulub puerto.

En esa ocasión, Díaz Gutiérrez se comprometió a entregar el departamento el 30 de agosto de 2014, lo cual no sucedió y desde entonces, el sujeto comenzó a dar evasivas sobre la firma de las escrituras de ese inmueble o la devolución del dinero.

Incluso el acusado vendió el terreno con todo e inmueble –que está en obra negra-, pero el comprador al descubrir que el predio está en conflicto lo volvió a comerciar.Los nuevos propietarios tienen paradas las obras por este problema.

La Fiscalía General del Estado realiza la integración de la carpeta de investigación P3/1135/2016, por fraude de siete millones de pesos en contra de los hermanos Rodrigo y Silvio Díaz Gutiérrez, así como en contra de Rommel Sánchez -quien es comisario de la sociedad Rdiez- también por fraude cometido a la empresa que contrataron para edificar los condominios.

La demanda es que los indiciados ofrecieron pagar a la constructora con un condominio, lo cual no sucedió pues los departamentos no se edificaron y vendieron el terreno a un tercero a pesar de haber firmado un contrato de reconocimiento de adeudo y promesa de dación en pago.

El abogado Encalada Burgos señaló que Raúl Aguayo Duarte, testigo ofrecido por el acusado en la carpeta de investigación, hizo declaraciones falsas sobre los hechos, pues el individuo ni siquiera conoce a la denunciante.