Redacción/Milenio Novedades
MÉRIDA, Yucatán.- Los más de dos mil molinos y tortillerías pertenecientes a la Cámara Nacional de la Industria de la Masa y la Tortilla en la entidad están aguantando para no incrementar el precio del kilo de los alimentos derivados del maíz ante el ajuste del costo de la materia prima.

Se prevé que en los próximos meses el precio del maíz importado pase de cuatro mil 800 pesos a cinco mil 400 la tonelada, en tanto que el mismo volumen de harina se compra en 10 mil 480 pesos, precio que alcanzó durante el inicio de año.

Según el gasto que generan entre insumos, energía eléctrica, agua y otras necesidades, cada pequeño industrial establece su precio; a la fecha la tortilla se vende entre 16 y 18 pesos por kilo y, la masa fluctúa entre los 12 y 14 pesos el kilogramo.

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En Yucatán son dos mil 600 comercios afiliados, de los cuales mil 200 están ubicados en la ciudad de Mérida y los otros mil 400 distribuidos en el interior del Estado. Al respecto, el presidente de la Cámara, Luis Quijano López, aseguró que a pesar de que tuvieron un inicio de año difícil, no bajarán la guardia y continuarán en la búsqueda de alianzas para fortalecer al sector, pues los molinos y tortillerías son el único sustento de muchas familias de la agrupación.

“Logramos hacer un convenio con una gasera para que el precio del gas nos lo vendiera a un peso menos por litro, entonces nos cuesta 8.44 pesos, eso representa un beneficio aproximado de entre 200 y 300 pesos por cada tanque comprado, lo que nos da aliciente para tener ganancia”.

Dijo que al cierre del primer semestre del año, 40 molineros cerraron sus negocios, principalmente ubicados al sur de la ciudad, porque no pudieron mantener el gasto a través de sus ventas.

“Nos está afectando mucho el alza en los precios, principalmente de la gasolina, seguido del costo de la energía eléctrica y el agua, pues hace algunos años teníamos un subsidio de 40% al pagarla, pero nos lo quitaron las autoridades y ahora pagamos más de lo normal”.

Sería en el mes de julio cuando los pequeños comercios conozcan cuál sería el ajuste real y cómo les impactaría, para determinar qué acciones implementarán para evitar perjuicios a sus negocios y clientes.