Patricia Piña/SIPSE
MÉRIDA, Yuc.- El Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios prepara para este mes el embargo de las cuentas de diversos ayuntamientos debido a procesos por despido injustificado, cuya suma supera los 100 millones de pesos.

El presidente magistrado de este tribunal, Edmundo Alzina Campos, indicó que luego de varios años de proceso, y ante la falta de respuesta de las autoridades municipales de conciliar con los demandantes, se determinó proceder a favor de los ex empleados haciendo efectivas las resoluciones.

“Estamos por ejecutar algunos laudos en contra de las autoridades municipales. Procederemos con los embargos de cuentas para hacer efectivo el pago a los trabajadores que en su momento fueron despedidos injustificadamente, y que iniciaron un proceso legal con nosotros”, detalló.

Precisó que los siete municipios con mayores problemas de pago son Progreso, con más de 18 millones de pesos; Peto, con seis millones, y Conkal, con una suma similar, así como Chocholá, Tixkokob, Umán y Kanasín, aunque precisó que no son los únicos, ya que los 106 municipios tienen algún proceso legal con esa instancia.

En total, estimó, son más de 100 millones de pesos los que están en proceso de embargo.
Cómo se publicó en su oportunidad, el tribunal lleva a cabo procesos de más de 12 años de antigüedad contra algunas autoridades, y ante la falta de respuesta de los ediles, que señalan que los despidos no son su problema, se alista la ejecución de laudos.

“En más de una ocasión se les ha pedido a las autoridades municipales buscar una solución con los demandantes, y no lo han hecho; creen que porque algunos procesos no han sido en su administración pueden evadirlos, pero están equivocados”, dijo.

Alzina Campos comentó que sólo Valladolid firmó en diciembre pasado un convenio con los demandantes para que les aportara un pago mensual, como parte de la estrategia para evitar que la demanda incremente en monto.

En el caso de los embargos por ejecutarse, precisó, sólo esperan tener los números de cuentas de los municipios para solicitar a los bancos la ejecución de los laudos, situación que pondrá en riesgo las finanzas municipales.