Luis Fuente/SIPSE
MÉRIDA, Yuc.- Al entrar ayer en vigor los códigos de Familia y de Procedimientos Familiares, el derecho familiar toma rumbo propio al separarse del ramo civil, que limitaba la acción del Estado, y se sientan las bases para comprender que el ámbito privado es donde muchas veces los niños, adolescentes y mujeres experimentan las peores formas de violencia, señaló el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, Marcos Celis Quintal.

El acto protocolario realizado en la explanada del recinto de los juzgados civiles y familiares de Mérida estuvo encabezado por el gobernador Rolando Zapata Bello, quien afirmó que con este sistema jurídico, en el que las audiencias se efectuarán de manera oral, se garantizará la equidad, evitando arreglos en beneficio de alguno de los involucrados en la separación, y con la presencia del juez en cada proceso.

Celis Quintal señaló que en Yucatán existe la disposición para que los integrantes de las familias reciban mayor protección de las autoridades y para que se efectúen acciones concretas con más y mejores cuerpos legales que optimicen esa labor.

El también presidente del Consejo de la Judicatura agregó que al juzgar en la materia familiar con los principios de inmediación, concentración y contradicción, así como valiéndose de las herramientas de oralidad y publicidad, se robustece el ejercicio argumentativo en la impartición de justicia.

Resaltó que los códigos de Familia y de Procedimientos Familiares son el reconocimiento de la complejidad que entrañan hoy en día las relaciones en los hogares, son la consecuencia de una mayor y mejor protección de los integrantes de las familias, “son el reflejo de una sociedad moderna”.

Se dictarán sentencias en menor tiempo, evitando desgastes emocionales y económico

“Tenemos herramientas nuevas para reforzar acciones que nos permitan cumplir en la protección de los integrantes de las familias. Como juzgadores debemos garantizar la igualdad de ambos cónyuges, como propósito último del nuevo Sistema de Justicia Familiar”, indicó.

Detalló que el principio de concordia, consagrado en el Código de Procedimientos Familiares, permitirá mitigar la confrontación entre las partes, al tiempo que la aplicación de estas herramientas garantizará que las sentencias sean ejemplares, protectoras de los miembros de la familia, de su estabilidad física y emocional.

“Estas herramientas son para proteger a los miembros de las familias y construir un modelo congruente con la pluralidad social propia de la democracia en la que vivimos”, señaló.

Por su parte, el gobernador Rolando Zapata Bello indicó que con el inicio de un nuevo marco normativo se establece un “parteaguas” en la historia jurídica, en la vida pública y en el desarrollo social de Yucatán.
Mencionó que se salvaguarda los derechos humanos de los integrantes de las familias y se vela particularmente por la seguridad, certidumbre y tranquilidad de los niños que se ven involucrados en procesos de divorcios.

“Nos consolidamos como un Estado de leyes, de Derecho, una tierra en la que se respetan a cabalidad las garantías individuales y en la que se instrumenta un sistema moderno y de vanguardia, que permite a las familias desarrollarse en un ambiente de armonía y concordia”, apuntó.

Por ello, los nuevos códigos se traducen en “dos columnas sólidas para sostener el Yucatán próspero, dinámico y justo que nos hemos trazado en corto, mediano y largo plazo”.

El Gobernador resaltó que todas las audiencias se efectuarán de manera oral, garantizando la equidad para ambas partes, evitando arreglos en beneficio de alguno de los involucrados.

Asimismo, se dictará sentencia en menor tiempo, evitando desgastes emocionales y económicos; de igual forma, se otorga mayor fuerza legal a los jueces para que garanticen el cumplimiento de las resoluciones en el dictamen.

¿Qué novedades trae?

Los códigos de Familia y de Procedimientos Familiares establecen nuevas concepciones sobre el matrimonio, los cónyuges, los descendientes y la familia en Yucatán, y su quehacer en las esferas pública y privada.
Ahora se establece la pensión, en caso de nulidad de matrimonio, para el cónyuge dedicado preferentemente al cuidado del hogar y de la familia, y se reconoce el valor económico de ese trabajo, desempeñado en la mayoría de los casos por mujeres.

Al permitir pactar el porcentaje del fondo social, se asigna el mismo valor al trabajo remunerado de las mujeres y se supera el estereotipo, según el cual éstas se encuentran en situación de dependencia económica.
Al establecer el reconocimiento de los hijos, se admite la necesidad de adoptar medidas para aceptar descendientes habidos antes o durante el matrimonio con persona distinta de su cónyuge.

Sobre la tutela, se rompe con la tradicional división entre lo público y lo privado, que limita la acción del Estado, y se sientan las bases para brindar protección, educación, salud y rehabilitación de los niños y adolescentes que se encuentren en situación de conflicto.

Al brindar la posibilidad a los progenitores de decidir el orden en que se colocarán los apellidos a sus hijos en el acta de nacimiento, se fortalece el derecho a la igualdad entre las mujeres y los hombres.

Mientras que al determinar la protección de incapaces y adultos mayores, así como la obligación de que cuenten con lo necesario para la satisfacción de sus necesidades, se acepta el hecho de que el concepto de familia está en evolución y se confirma que el derecho familiar no es campo fértil para esquemas sociales discriminatorios.