13 de Noviembre de 2018

Opinión QRoo

Abrogar o no abrogar

El 14 de agosto de 2015 fue publicada la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Quintana Roo...

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El 14 de agosto de 2015 fue publicada la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Quintana Roo, aplaudida por algunos y duramente criticada por otros al grado de calificarla como una burla y una simulación política. La intención reciente del actual gobierno encaminada a conformar el Consejo Consultivo del sistema de protección a los sujetos de dicha ley, reavivó el debate y las posiciones se confrontaron nuevamente.

El rechazo a la Ley tiene dos vertientes: el político y el jurídico. Desde que ésta fue presentada como Iniciativa por el exgobernador Roberto Borge, los opositores argumentaron una serie de violaciones a los derechos humanos de comunicadores y activistas sociales acaecidos a lo largo de su sexenio. El caso más sonado, pero no el único, fue la privación de la libertad del periodista Pedro Canché.

Jurídicamente la ley fue señalada de contener diversos artículos que contrariaban el espíritu garantista de la Constitución Federal. De esa manera y apoyados por organismos de la sociedad civil como Artículo 19, los inconformes con la Ley promovieron acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien resolvió la procedencia de la misma y ordenó la adecuación al texto constitucional de los artículos impugnados.

Pero la afrenta trascendió más allá del silencio omisivo del anterior gobierno estatal por adecuar el articulado tachado de inconstitucional. Simplemente no movió un dedo para accionar el mecanismo impulsor de la ley que se comenta. Durante los siguientes meses a su promulgación, no se realizó ninguna acción para su aplicación; no se elaboró su reglamento, no se instaló la Junta de Gobierno, no se convocó a la elección del Consejo Consultivo y por supuesto, no se cumplió con la puesta en marcha y funcionamiento de El Sistema Quintanarroense para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. La ley se tradujo en letra muerta, una normativa desdeñada por diversos actores del periodismo local por considerarla una injuria heredada del borgismo.

Más allá de resabios y de triunfalismos, debemos reconocer que toda ley debe nacer del consenso y de la voluntad expresa de los gobernados. Pero si ésta dividió opiniones, confrontó posturas y dejó de escuchar a las voces discordantes en su proceso de creación, el camino más factible jurídicamente hablando es el de su abrogación, esperando que la nueva ley que la reemplace lleve como sello la pluralidad y la inclusión de todos sus actores.

El Gobernador Carlos Joaquín no sólo ha demostrado interés genuino al ordenar la creación del mecanismo protector de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, sino que con extrema sensibilidad política ha tendido la mano que invita a cruzar el puente de la concordia entre comunicadores; no entenderlo de esa manera es mantenerse en la cerrazón e intolerancia, propias de lo que fue el pasado inmediato.

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