Tocados antes los mercados financieros por la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la presentación, la semana pasada, de una iniciativa para anular las comisiones bancarias hizo que la bolsa de valores tuviera su peor caída en mucho tiempo, con pérdidas, según cálculos conservadores, de más de 100 mil millones de pesos, lo que constituye la segunda llamada de atención de los inversionistas al próximo gobierno.

Y es que el activismo legislativo que padecemos desde la instalación de las cámaras, más que con la búsqueda de protagonismo, resulta congruente con la prisa que ha demostrado el presidente electo para comenzar a gobernar antes de tomar posesión.

Pero la prisa impide valorar correctamente las repercusiones de los cambios que se proponen.

Como en este caso, en que fue buena la intención del legislador al querer ahorrarle a los poseedores de tarjetas de crédito, que no son los más necesitados, las comisiones que les cobran los bancos.

Sin embargo, no sería la primera vez que una ley dé resultados opuestos a los buscados.

Como ha sucedido usualmente con las normas que intentan burlar las leyes del mercado, como pasó con los precios de garantía que sólo estimularon el mercado negro y la ineficiencia productiva o con los aumentos artificiales de salarios que, como en Venezuela, dieron lugar a la hiperinflación.

Si bien el Estado debe intervenir para solucionar los problemas más lacerantes de la pobreza, cuando se mete a fijar los precios de las mercancías no se puede esperar otra cosa que la recesión.

La función principal del Estado consiste hoy en establecer un ambiente que propicie la generación de empleos. Enseñar a pescar, no regalar pescado.

Y aquí nada tienen que ver la moral, lo bueno y malo; de lo que se trata es de encontrar la manera para que fluya más inversión productiva, interna y externa. Y aunque se rebele nuestro nacionalismo, lo cierto es que México, igual que todos los países del mundo, requiere de inversión extranjera.

Porque, a diferencia de lo que se pensaba antes, la ley económica no la imponen las grandes potencias, pues ellas también tienen que cumplirlas.

Y el primer requisito para atraer inversión es garantizar la observancia del Estado de Derecho; condiciones iguales para todos los inversionistas, y la seguridad de que estas normas, como la autonomía del Banco de México y la preservación de las reservas internacionales, no serán modificadas de un día para otro.

Por ello la caída de la bolsa sólo se detuvo ante el anuncio de AMLO de que no habrá modificaciones en el ramo en el primer trienio, aunque tres años en la perspectiva de los inversionistas es muy poco.
Hay que conjurar la tercera llamada.