20 de Noviembre de 2018

Opinión QRoo

Los árbitros

La competencia entre varios equipos, en cualquier tipo de contienda, requiere de un agente externo...

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La competencia entre varios equipos, en cualquier tipo de contienda, requiere de un agente externo que de forma imparcial aplique las reglas establecidas y previamente aceptadas por los jugadores. Se puede estar de acuerdo o no con el árbitro, pero si se decide entrar en el juego, lo normal es aceptar el resultado final, salvo si se trata de algún caso excepcional, entonces es indispensable acudir a una instancia superior que defina si el árbitro actuó de acuerdo a las reglas, si las aplicó tal y como marca la Ley o si hubo alguna omisión o equivocación.

En nuestro país, en el ámbito de la competencia electoral, tardamos décadas en encontrar un árbitro confiable que brindara certidumbre a todos los competidores. Quienes nacieron en los noventa quizá no estén al tanto de cómo se organizaban las elecciones antes, pero básicamente siempre ganaba el mismo equipo; además, si era necesario, uno de los jugadores en algún momento de la confrontación se quitaba la camiseta y se ponía la del árbitro con tal de asegurar que su equipo siguiera triunfando.

Unos años después, afortunadamente, surgió un equipo de árbitros decididos a hacer respetar las reglas con el propósito de regresarle la confianza a los jugadores electorales en el proceso competitivo, me refiero a la época del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) de José Woldenberg, quien definitivamente marcó un punto y aparte.

Ahora estamos a menos de siete meses de las elecciones, ya en unos días comienzan los registros de quienes serán los precandidatos a cargos de elección federal en el Ejecutivo federal y en las cámaras de diputados y senadores. Sin embargo, varias instituciones que cuentan con las facultades constitucionales para funcionar como árbitros, están siendo vulneradas y/o desmanteladas. A continuación citaré dos ejemplos.

En la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), el Senado de la República eliminó el requisito que impedía que alguien que tuviera vínculo con algún partido político fungiera como fiscal.

Lo hizo después de que el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR) encontrara que el anterior fiscal violó el Código de Conducta del citado organismo, al hacer una declaración a los medios relacionada con Oberdrecht, el mayor caso de corrupción y de financiamiento ilícito para campañas electorales en Latinoamérica; directivos de esa empresa refieren que financiaron parte de la campaña del actual Presidente de la República.

Por otro lado, tenemos el asunto de la elección de gobernador de Coahuila, en el que la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que el contendiente del Partido Revolucionario Institucional había rebasado el tope de gastos de campaña, al encontrar que realizó varios gastos sin reportárselos a la autoridad comicial.

Después de varias revisiones de la Unidad Técnica de Fiscalización se determinó que sí, que había rebasado el tope de gastos de campaña, pero el Tribunal Electoral dejó sin efectos esas resoluciones del INE, y permitió que el candidato de ese partido se convirtiera en gobernador electo.

En estos dos casos nos encontramos ante autoridades que dejan de aplicar la Ley, o que la interpretan a modo para beneficio de uno de los jugadores.

Necesitamos que las instituciones electorales sirvan, que el sistema electoral y político tenga legitimidad, no podemos tener regresiones al autoritarismo del pasado, las instituciones de la República son de todos los mexicanos, no de un grupo que intenta perpetuarse en el poder.

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