18 de Septiembre de 2018

Opinión

Amnistía expedita

El poder de la pluma

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La detención de la maestra Elba Esther Gordillo en febrero de 2013 fue tomada desde un principio como una represalia política al no subordinarse a los caprichos del presidente Peña Nieto; primero, por haber apoyado al PAN en las dos últimas elecciones presidenciales y, segundo, por resistirse a la implementación de la nueva Reforma Educativa que contemplaba entre sus leyes secundarias el despido sin consideración legal alguna de los maestros que no aprobaran la evaluación docente. Al final, el espectacular circo creado en torno de la maestra se desvaneció igualmente de manera política ya que las imputaciones por delincuencia organizada y lavado de dinero no tenían un origen ilícito, pues el desvío de mil 978 millones de pesos de las cuotas sindicales era una práctica autorizada en el SNTE para efectuar diversos pagos; es decir, que la conducta no encuadró en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada lo que originó el sobreseimiento y conclusión del caso.

La libertad de Gordillo Morales confirma la regla que dice: “Lo que comienza de manera política también termina con política”, ya que, aunque en reclusión domiciliaria, la maestra manejó magistralmente a sus fieles activos políticos a favor de López Obrador, y su exoneración del caso no puede desligarse de una acción política derivada de la muy cuestionada y debatida “amnistía” que, al parecer, en lo que toca a la maestra, se tradujo en una acción expedita precisamente en la víspera de la entrega de la constancia al presidente electo. Más claro no podía ser.

Este particular caso, aunque no se reconozca públicamente como efecto de la amnistía de AMLO, destapa nuevamente la controversia sobre esta figura legal considerada en el Artículo 73 constitucional, facción XXII, que otorga al Congreso la facultad para conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la Federación; es decir, es un acto del Poder Legislativo que ordena el olvido oficial de una o varias categorías de delitos, aboliendo bien los procesos comenzados o que han de comenzarse; legalmente borra el pasado.

Al final de la partida, quienes apostaron por acabar a la líder del SNTE hoy la mirarán incrédulos, sentada a la puerta de su casa, observar el paso lento del cortejo fúnebre llevando a cuestas el cadáver de su enemigo político amortajado con los mantos de la corrupción e impunidad sexenal.

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