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Ni una más se ha convertido, en países de América Latina y de habla hispana, en una frase con diversos sentidos: un anhelo, una inspiración, un reclamo.

Igualmente el lema Ni una menos se ha añadido al primero como una exigencia, un anhelo, una inspiración. Ni una muerta más. Ni una viva menos.

La realidad de la gama de violencia que se ejerce sobre mujeres y niñas en muchas y diversas sociedades de América y África, que tienen los primeros lugares en incidencia, pero también en países de Europa y Asia, muestra una situación dramática que tristemente no permite un pronóstico optimista, al menos a corto plazo.

El 25 de noviembre, la ONU fijó su mirada en la violencia que ejercen sobre las mujeres sus compañeros sentimentales, la violencia de pareja, con cifras como éstas: 38% lo han experimentado alguna vez en el sureste asiático; 30%, en América, y 25%, en Europa.

También reveló que 28% de las mujeres casadas o en unión no toman decisión alguna sobre su vida sexual.
La ONU dijo que, en 2012, en el mundo, en uno de cada dos asesinatos de mujeres, el autor era su compañero sentimental o un miembro de su familia, lo que en hombres era solo uno de 10.

Visto así, lo que nos pasa en México y en nuestro entorno es correspondiente a una lógica social mundial en donde la violencia está focalizada en el hogar, y la ejercen los integrantes de la familia, particularmente los hombres sobre sus esposas, novias o parejas sentimentales.

La incidencia de la violencia de pareja que nos muestran las cifras y los hechos en nuestro entorno más cercano es de un nivel de urgencia, pero más lo es cuando se trata de parejas jóvenes, en quienes ya se incubaron ideas equivocadas de lo que se espera de cada quien en la estructura social, de acuerdo, muchas veces, con los roles que la misma sociedad refuerza por ser hombre o mujer.

Por eso, cuando decimos Ni una más y Ni una menos tendríamos, para ser sinceros, que mirarnos primero frente al espejo de nuestras propias carencias y responsabilidades.

Es cierto que es deber del Estado procurar la justicia y en todo caso la prevención con políticas públicas bien definidas.

Pero, en el ámbito de la justicia penal, lo que corresponde al Estado se enmarca en un panorama de hechos ya consumados.

Aun cuando se busca que estas mismas instituciones puedan dar protección a posibles víctimas de violencia para evitar males mayores, como pueden ser las llamadas órdenes de protección o de restricción, esta intervención del Estado no será suficiente si evadimos y no queremos vernos en el espejo de nuestra propia realidad.

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