Después de que numerosas Organizaciones de la sociedad civil firmaran el Pacto por la Primera Infancia en abril de este año, se han dado a la tarea de darle seguimiento a los avances del mismo.

La semana pasada nuevamente se colocó el tema en los medios solicitándole al presidente electo Andrés Manuel López Obrador y a quienes estarán en su gabinete, el compromiso de colocar a la niñez y la juventud como una prioridad dentro de su plan de gobierno.

Y ello no es poca cosa si consideramos que el 52% de la población mexicana la integran bebés hasta jóvenes de 0 a 29 años.

Pero más aún habría que analizar las condiciones en que vive este sector de la población; solo por mencionar dos rubros en los que el presidente electo se ha pronunciado, diremos que padecen pobreza y desempleo, pues tenemos que 21.4 millones de niños, niñas y adolescentes están en situación de pobreza, y que de los jóvenes empleados en el primer semestre de 2017 entre los 15 y 29 años de edad, 5 millones estaba en empleos formales y 9 millones en informales, con lo cual sabemos que carecen de prestaciones. Se necesita garantizar que puedan acceder a educación para encontrar mayores oportunidades.

Si bien es cierto que se cuenta con leyes que protegen a la niñez y con instituciones sólidas, también es una realidad que algunas leyes se están dejando trasgredir por normas de inferior categoría jurídica, por lo cual también se hace un llamado a revisar las mismas para que no haya acciones contradictorias en detrimento de esta población que tanto nos preocupa.

En este nuevo llamado que hacen organizaciones que integran el Pacto por la Primera Infancia, se solicita para dar máxima prioridad a este sector el fortalecimiento institucional de las instancias de niñez y juventud para dotarles de mayores recursos humanos y financieros para cumplir con sus obligaciones.

Desconcentrar la procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para darles mayor autonomía, así como también del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia garantizando que cuenten con recursos técnicos, financieros y operativos suficientes.

Se pide incrementar la inversión pública para este sector de la población a fin de lograr un mayor impacto, ya que hasta ahora no es suficiente para garantizar todos los derechos de este grupo.

Para la planeación de las políticas públicas es necesario que se incluya a las organizaciones defensoras de los derechos de la niñez y que estén presentes en todas las fases de la misma en mesas de diálogo, ya que dada su experiencia y conocimientos tienen mucho que aportar al gobierno que inicia.

Para incentivar la participación de la niñez y de las organizaciones que atienden esta población, hay que crear los mecanismos permanentes a fin de que su intervención sea sustantiva en todas las decisiones que puedan afectar la garantía de sus derechos.

En los marcos normativos se pide concluir con el proceso de armonización legislativa de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Sabemos que son muchas las necesidades, pero apostarle a la niñez y juventud es trabajar por el futuro de nuestro país.