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El inicio de toda vida humana se da cuando un gameto femenino se une a un gameto masculino, es decir, en la fecundación, y culmina con la muerte sin que nada ni nadie precipite este momento.

El compromiso y deber de un Estado es proteger la vida durante todo su ciclo vital, pues el hecho de que uno exista le da sentido a los demás derechos humanos, que no son otorgados sino reconocidos.

La primera es una verdad irrefutable demostrada por la ciencia, la segunda se fundamenta en la Constitución y en tratados internacionales.

Y el sentido común nos dice que no hay nada anterior ni superior a la vida, pues sin vida no hay derechos.
La protección y respeto a la vida no debe estar sujeta a ningún debate, no debe prestarse al capricho, sentimientos o gustos de nadie, ni siquiera de las mujeres que los gestan en su vientre, como si de algún producto de manufactura se tratara.

En nuestro país, como en otras partes del mundo, acabar con la vida de un bebé en gestación es delito, con lo cual es inadmisible que a ese mismo acto se le pueda llamar derecho.

La ley ya prevé en todo nuestro país algunas exclusiones para que cuando una mujer se encuentre bajo ciertos supuestos tenga la libertad para decidir qué hacer en aquellos casos.

Llama mucho la atención que el movimiento de la pañoleta verde, que pide “aborto legal, seguro y gratuito”, quiera imponer a todo un país una sentencia de muerte para los que no tienen voz; además, pareciera que no están bien informados porque lo que están pidiendo se funda en falacias, no aplica eso de “seguro” y menos lo de “gratuito”, lo de legal lo pudieran conseguir con los votos de la izquierda, pero de ninguna manera sería ético, estarían atropellando a la mayoría de quienes nos hemos expresado en la República, que con Sinaloa ya contamos 19 estados donde se garantiza la protección a la vida en las constituciones locales, y dicho sea de paso, en los demás estados existe una sociedad civil organizada que está luchando por conseguir garantizar este derecho.

No puede ser seguro un procedimiento que no devuelve la salud, existe un riesgo para la madre, y la muerte para el bebé.

No es gratuito, porque por mínimo que sea implica un costo que además abusivamente quieren que sea cargado a los contribuyentes.

Por si fuera poco, es injusto porque se estarían desviando recursos para atender los problemas reales de salud que enfrenta el país.

Si realmente vivimos en una democracia y si el nuevo gobierno respeta el estado de derecho, queremos ver que actúe en consecuencia y no se deje avasallar por una minoría que con violencia y a gritos quiere manipular a los congresos legislativos.

La “marea verde”, como se hacen llamar, demostró que no tienen de su lado ni siquiera al 1% de la población, a juzgar por las marchas y concentraciones que hicieron el 28 de septiembre.

La Ola Celeste está convocada para manifestarse a favor de la vida el próximo 20 de octubre en todo el país.

La permanencia, vigencia, continuidad y desarrollo de un país radica en velar, proteger y promover el ciclo vital de toda vida humana.

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