Un tema reciente es la sentencia definitiva e inatacable emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el litigio que mantenían el Ayuntamiento de Mérida y la empresa ABC Leasing de México, por las lámparas chinas, suceso ampliamente difundido en medios locales y nacionales.

En la administración municipal de Angélica Araujo Lara (2010-2012), se decidió suplir las lámparas de vapor de sodio en Mérida por lámparas de inducción magnética de origen chino, para el ahorro de energía, por lo que el Ayuntamiento celebró un contrato de arrendamiento con la empresa ABC Leasing de México, por cinco años, a través del cual la empresa otorgaría en renta 84 mil 90 luminarias, y el Ayuntamiento pagaría cada mes al Banco Santander 7.8 millones de pesos. Es importante mencionar que en dicho contrato se excluyó a la empresa de la obligación de verificar, dar mantenimiento y reparar las lámparas, ya que eso estaría a cargo del Ayuntamiento. Se procedió a la colocación de 82 mil lámparas, quedando a resguardo del Ayuntamiento dos mil noventa.

En la administración municipal de Renán Barrera Concha (2012-2015), debido a las constantes quejas de los ciudadanos por fallas en el alumbrado público y reportes de que diversas zonas de la ciudad se encontraban en la obscuridad, el Ayuntamiento canceló anticipadamente el contrato y suspendió el pago mensual de la renta.

La empresa alegó que las fallas en el alumbrado público era por falta de mantenimiento a las lámparas, responsabilidad del Ayuntamiento de Mérida.

Ante esta situación, ABC Leasing inició un largo litigio contra el Ayuntamiento, que concluyó recientemente ante la Suprema Corte, que condenó al Ayuntamiento al pago de cerca de 400 millones de pesos.

En la administración municipal de Mauricio Vila Dosal (2015-2018), para afrontar esta deuda no descartan la posibilidad de que se solicite un préstamo, ya que, si no paga, podría sufrir un embargo.

La difícil situación en la que se encuentra la autoridad municipal es resultado de malas decisiones de funcionarios públicos, pero quienes a final de cuentas pagarán las consecuencias son los habitantes de la ciudad, ya que a través de sus contribuciones cubrirán la deuda. Sin duda, los ciudadanos son los grandes perdedores de este litigio, ¿usted qué opina?