Un tema pendiente en el Congreso local es el nombramiento de quien, de conformidad con la reforma constitucional estatal de abril de 2016, dirigirá durante los próximos ocho años al órgano técnico del Poder Legislativo denominado Auditoría Superior del Estado de Yucatán, encargado de la revisión de la cuenta pública estatal y municipal y a quien corresponde fiscalizar los ingresos, egresos, deuda pública, manejo, custodia y aplicación de los fondos y recursos públicos, así como realizar auditorías e incluso presentar denuncias por conductas delictivas e iniciar procesos administrativos por actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad cometida por servidores públicos y particulares.

El Congreso del Estado, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, designará al nuevo auditor, que podrá ser reelecto por una sola vez y ser removido por causas graves que señale la ley con la misma votación requerida para su nombramiento.

El actual titular, René Humberto Márquez Arcila, fue designado para un periodo de siete años, el cual se inició el 9 de julio de 2010, fecha en que rindió protesta ante el Congreso del Estado, y concluirá el 9 de julio de 2017.

El 8 de mayo fue publicada en el Diario Oficial del Estado la convocatoria emitida por el Congreso para que organizaciones ciudadanas propongan a candidatos para ocupar la Auditoría Superior del Estado; este proceso constará de tres etapas: registro de propuestas, de 10 días hábiles, del 9 al 22 de mayo; elaboración de la lista de candidatos, de cinco días naturales, del 23 al 27 de mayo, y designación, que será de 30 días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de la lista de candidatos.

Es de suma importancia que el mayor número de organizaciones ciudadanas se involucren en estos procesos, y propongan a la persona que consideren idónea para ser el auditor superior, y estar atentos a la designación que realice el Congreso, vigilando que no se otorgue a una persona identificada con algún grupo o partido político, pues se trata de un cargo que tiene como función principal la revisión del ejercicio de los recursos públicos del Gobierno del Estado y de los 106 Ayuntamientos.

No sirve de nada quejarnos y lamentarnos de la corrupción si no participamos en la toma de decisiones importantes; ésta es ocasión de participar activamente e inconformarnos si consideramos que la persona designada no es idónea.n