26 de Septiembre de 2018

Opinión

Impunidades

El poder de la pluma

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Tres informes sobre impunidad en sus diferentes conceptos y fórmulas se han presentado recientemente en México: el IGI e IGI Mex realizado por la Universidad de las Américas de Puebla (Udlap) y el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (Cesij); el de “México Evalúa” bajo el título “Hallazgos 2017” que, aunque es un diagnóstico del sistema penal, incluye un ranking de impunidad como consecuencia del performance del sistema, y el de Impunidad Cero.

Es importante el ejercicio de revisión de estos tres informes y reconocer que estos organismos se hayan dedicado de manera profunda, si bien en la mayor parte de los casos cuantitativa, a aportar diagnósticos muy necesarios y yo diría oportunos en la víspera de un nuevo gobierno. Sería muy bueno también tener diagnósticos “cualitativos” y que se acercaran a la realidad de juzgados y ministerios públicos estatales.

Un punto de partida ante estos tres documentos es la forma en que estos organismos conciben, pero sobre todo miden la impunidad, ya que sus fórmulas arrojan resultados que no son coincidentes, al menos en lo que se refiere a un ranking nacional de impunidad.

El IGI establece que la impunidad es un fenómeno multidimensional “que va más allá del análisis de los delitos susceptibles de ser castigados, como el homicidio” y establece tres dimensiones: seguridad, justicia y derechos humanos. Para este índice en su versión nacional (IGI-Mex) 2018 los estados con más altos índices de impunidad son Estado de México, Tamaulipas, Baja California, Coahuila, Quintana Roo, Guerrero, Aguascalientes, Veracruz, Puebla y Oaxaca.

Por su parte, el Coeficiente TAI (Transparencia+Anticorrupción+Impunidad) de Impunidad Cero y Transparencia Mexicana y que de hecho retoma la realizada en el IGI, coloca en los peores lugares a Morelos, Sinaloa, Querétaro, Durango, Chihuahua, Michoacán, Tlaxcala, Hidalgo y Baja California.

Y finalmente, del que ya habíamos hablado, “Hallazgos 2017” que mide básicamente las carpetas de investigación iniciadas en relación con las sentencias u otros procedimientos que concluyen los casos en los procesos judiciales y establece un ranking de impunidad muy cuestionable que no coincide con los dos anteriormente mencionados, quizás porque no considera el número de carpetas que, durante la investigación, se archivaron o se solucionaron antes de llegar a un juzgado.

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