El pasado 24 de agosto se publicó la Ley de salud mental del estado de Yucatán, al amparo de la cual se plantea la creación de i) el Sistema Estatal de Salud Mental, ii) el Instituto de Salud Mental del Estado de Yucatán y iii) el Consejo de Salud Mental. Toda esta nueva estructura, acorde con esta norma, deberá implementarse el 1 de enero de 2019.

La justificación de esta ley se centra en la problemática del suicidio, pero su objeto se refiere a la “salud mental” en términos generales, cuestión que, contra lo que pudiera pensarse, guarda estrecha relación con la comisión de delitos y la forma en que éstos se cometen. Hasta el momento se ha ignorado, equivocadamente, a la salud mental en las estrategias de prevención de los delitos. En el caso de Yucatán, con los altos índices de violencia familiar, debería ser no solo urgente, sino pieza angular de una estrategia de seguridad. Si se quiere lograr una sociedad en paz, necesariamente tiene que estar conformada por personas mentalmente sanas.

El objeto de esta ley es amplísimo y así compromete al Estado para I) Garantizar el fomento, promoción y preservación de la salud mental en la población del estado; II) Promover y garantizar el respeto y la protección efectiva de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales en el estado de Yucatán; III) Regular las bases y modalidades que garanticen el acceso a los servicios de salud mental en el Estado con un enfoque integral, de calidad en la atención, amplia cobertura y respeto a los derechos humanos; IV) Establecer mecanismos adecuados para la promoción de la salud mental, así como la prevención, diagnóstico temprano, tratamiento oportuno y rehabilitación de los pacientes con trastornos mentales en instituciones de los sectores público, privado y social, que brinden servicios de salud mental o coadyuven en la prestación de estos en el estado de Yucatán; V) Ampliar la cobertura de los servicios de salud mental en el Estado de Yucatán; entre otros.
Como otros ordenamientos, estas nuevas disposiciones podrían quedar en el papel si no existen recursos, personal idóneo e infraestructura, pero sobre todo voluntad para la acción y una administración transparente y efectiva de lo que se destine a estos propósitos, con parámetros y resultados palpables. Y sobre todo una conciencia de que forma parte fundamental de la prevención y seguridad.