La nueva justicia penal para México. Avances palpables y retos persistentes”, es el nombre de un reporte de la organización World Justice Project (WJP) México y Abogados con Cámara, con el apoyo de Mac Arthur Foundation y coordinado por Layda Negrete, co-realizadora del documental “Presunto Culpable” y colaboradora de la primera organización.
El reporte responde a la pregunta: ¿Cuál ha sido el impacto de la reforma penal? Analiza datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) del INEGI que incluye respuestas de más de 58 mil personas en prisión en nuestro país, en combinación con estadística municipal de delitos.

El enfoque del documento insiste en que la ausencia de la presunción de inocencia es un factor de impunidad a través del encarcelamiento injusto, derivado de procesos indebidos que caracterizaron al sistema anterior que era, en muchos casos, discrecional, sin presencia del juez y con poca visibilidad del manejo de casos por parte del Ministerio Público y sin que la víctima obtuviera justicia.

Esta discrecionalidad y poca transparencia sirvió para que prosperaran pruebas sembradas, detenciones arbitrarias, testigos fabricados y “presuntos culpables” que resultaban no ser los autores de los delitos, lo que tuvo su máxima expresión en el caso “Florence Cassez”, en el que, según José Reveles en el libro “El affaire Cassez”, el gobierno manipuló, politizó, criminalizó y prefabricó.

Volviendo al reporte de WJP, éste hace un muy oportuno recordatorio de cómo se realizaban los procesos en el sistema que se ha dejado atrás, con mínima presencia de los jueces y sin que hubiera constancia videograbada, mucho menos espacios para la presencia de público como existe ahora, con audiencias públicas y donde los jueces no pueden delegar su función y los fiscales y defensores deben aportar a la vista de todos el resultado de sus investigaciones, para hacer valer su defensa al imputado, pero también a la víctima, esta última con más derechos en ley, entre ellos el de contar con un asesor jurídico que vigile la actuación de los fiscales.

El reporte destaca beneficios cualitativos, como claridad de las sentencias, presencia del juez, atención del juzgador en la audiencia y grabación de la misma. Además, ofrece evidencia de que los procesos son más rápidos.

El documento también apunta que “se dejó pendiente la tarea de reformar a profundidad el Ministerio Público, la defensa pública y la policía”.