El proceso electoral estatal inició el 20 de diciembre de 2017 y habría que revisar si cumplen con las reformas electorales antes de los 90 días de la votación; a todo esto, el día 4 del mes en curso ocurrió la extradición de Roberto Borge Angulo, a casi seis meses de su aprehensión en Panamá.

En un ambiente parecido al kafkiano navegan los legisladores y funcionarios del cambio, que no de Carlos Manuel Joaquín González, de quien se colgaron para asumir poder, los partidos coaligados trayendo a individuos a la Legislatura XV, que en uso y abuso de los recursos materiales y financieros osar aprovecharse del erario, sin rubor, del estado desastroso en que lo dejaron tanto la legislatura XIV como el poder ejecutivo y judicial, a los que las cuentas todavía están en proceso de cuantificarse.

Cómo se atreven los diputados con inminente licencia a incursionar como precandidatos a puestos federales al Congreso de la Unión y Ayuntamientos quintanarroenses, después de un desempeño pobre, cuestionado, plagado de supuestos analfabetas que solo saben firmar y confirmar iniciativas que atentan en contra de sus supuestos representados; nada tienen que criticar y señalar a sus antecesores borgistas; quizás en un análisis acucioso surgirían similitudes o hasta peores que los del pasado inmediato, pero la sociedad asombrada y hasta harta y encanijada pensaría en otorgarles su voto.

Roberto Borge Angulo arribó a la Ciudad de México para enfrentar acusaciones como el ejercicio ilegal de la función pública, peculado, fraude, etc., minimizados para que todos aquellos servidores públicos que violen la ley obtengan penalidades que a juicio de los juzgadores no ameriten privación de la libertad. Ya fue trasladado a una cárcel del estado de Morelos.

Por los diversos delitos imputados a Roberto Borge y por los montos sustraídos ilegalmente, tanto financieros como en bienes, e independiente de la fuga, el juez de control en sus razonamiento jurídico y de riesgo, decretó la prisión preventiva; sin embargo, en caso de otorgar la libertad condicional, la sospecha de acuerdos en lo oscurito prevalecería y la sociedad quintanarroense protestaría contra semejante decisión del Poder Judicial.

Mucho cuidado deben observar los aspirantes a cualquier cargo de elección popular, siempre mirando al desempeño en los cargos ejercidos durante la actual administración; Julián Ricalde, Francisco López Mena, Juan Vergara (la excepción), Manuel Alamilla, Mayuli Martínez Simón, Rafael Quintanar (el adelantado), Alejandro Ramos, Fernando Zelaya, Miguel Martínez Arcila, Jorge Portilla Manica y otros más que veremos cuál será su futuro cercano y…¡AL TIEMPO!