14 de Diciembre de 2018

Opinión

Engañosa normalidad

A partir de esta indiferencia oficial puede explicarse una parte de las protestas civiles en diversas del país.

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El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, puso esta semana el dedo en una llaga que, sin duda, no es fácil de abordar y digerir en las altas esferas del gobierno federal: los abusos y la impunidad surgida de la lucha contra la violencia.

El ex abogado general de la UNAM y ex fiscal del caso Colosio —encargo en el que tuvo una destacada actuación— reiteró las deficiencias y atropellos cometidos por todos los niveles de gobierno en los casos Tlatlaya e Iguala.

En el primero se sabe que la propia CNDH emitió la recomendación 51/2014 a la Sedena, la PGR y el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, por el asesinato de civiles a manos de soldados, hechos ocurridos el pasado 30 de junio.

El segundo caso hace referencia a la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre y la madrugada del día siguiente. Aquí están involucrados José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, así como policías de ese municipio guerrerense.

Sin embargo, una lectura más fina del discurso pronunciado por González Pérez ante el presidente Enrique Peña Nieto, a propósito de la entrega del Premio Nacional de los Derechos Humanos, tiene que ver con la “engañosa normalidad” que había en México antes de estos hechos lamentables.

Esa normalidad, según el ombudsman nacional, “estaba sentada en la simulación, la ausencia de información pertinente, la desidia, la indolencia y la falta de responsabilidad pública de quienes propiciaron ese estado de cosas”.

A partir de esta indiferencia oficial puede explicarse una parte de las protestas civiles en diversas del país (los anarquistas se cuecen aparte). En el fondo debe entenderse que la impunidad, tanto si beneficia a criminales como a funcionarios públicos, es una opción que se paga muy caro.

Es cierto que el presidente Peña Nieto se mostró sensible al tema y garantizó el respeto irrestricto de su administración a los derechos humanos, pero a veces eso no basta.

La desaparición de los normalistas afectó de manera importante la imagen pública del Presidente. Si quiere recuperar el idilio que tuvo con la sociedad mexicana en los primeros dos años de su gobierno deberá resolver satisfactoriamente este caso.

Lo anterior significa no solo encontrar y meter a la cárcel a todos los responsables, sino dar una respuesta convincente sobre el paradero de los desaparecidos. Solo de esa manera los mexicanos podrán creer en su Presidente y en su promesa de que, ahora sí, ya no habrá impunidad.

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