14 de Diciembre de 2018

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Grave problema de incredulidad

La PGR dio por concluida la investigación jurídica del caso de los 43 desaparecidos. El gobierno considera que el caso está cerrado en lo esencial: los normalistas fueron ejecutados por los Guerreros Unidos.

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A cuatro meses de la tragedia, la PGR dio por concluida la investigación jurídica del caso de los 43 desaparecidos. No significa que los culpables ya estén consignados ni juzgados; tampoco que no aparezcan otras pruebas concordantes, sino que el gobierno considera que el caso está cerrado en lo esencial: los normalistas fueron ejecutados por los Guerreros Unidos con la complicidad de policías municipales, sus cuerpos incinerados, y sus restos lanzados al río San Juan.

Se agrega una respuesta verosímil al porqué los Guerreros Unidosharían semejante barbaridad: creían que algunos de los normalistas trabajaban con Los Rojos. Ya hay un móvil, un modus operandi, un lugar y una hora de deceso, y una “lógica causal” que permiten deducir que sucedió así.

La versión de Murillo me convence pero me gustaría contar con elementos adicionales para arriesgar mi propia y escasa credibilidad en avalarla, como peritajes internacionales que desmientan las teorías alternativas: las de los investigadores de la UNAM y de la UAM, la del horno crematorio militar, la asfixia de 25 en la estafeta que los llevó a Cocula, la acrecencia casi aushwitziana de los 15 restantes al ser llevados al matadero.

Lo que más me induce a aceptar la versión de Murillo es la insólita debilidad de las teorías alternativas, sobre todo en lo tocante al móvil. No veo por qué el Ejército o la Policía Federal o la de Iguala quisieran matar a los normalistas o los tendrían escondidos; tampoco entiendo el sentido de una supuesta marcha de los normalistas a la guerrilla. Ninguna tiene pies ni cabeza; su único fundamento radica en la incredulidad frente a la versión oficial.

Y este es el problema de fondo, político, no jurídico. De acuerdo con las encuestas, nadie cree al gobierno: ni sobre Ayotzinapa ni sobre Tlatlaya ni sobre la casa blanca, ni sobre nada. Se sostiene que El Cepillo fue torturado para extraerle la confesión; otros se niegan a creer que los laboratorios austriacos no puedan identificar los restos. El problema de la credibilidad del gobierno, como lo ha señalado Leo Zuckermann, rebasa el ámbito de Ayotzinapa o de los escándalos. Comienza a volverse un problema de Estado y de gobernabilidad. Si sigue habiendo malas noticias económicas, el régimen se verá obligado a tomar decisiones difíciles y tal vez dolorosas. Esas se pueden tomar solo con credibilidad. EPN hoy la ha perdido.

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