Es probable que el gobierno de la Cuarta Transformación haya cometido su primer error estratégico con la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, aprobada por el Congreso el 13 de septiembre pasado.

Esa ley hace obligatorias ideas políticas tajantes, muy populares, respecto de castigar los abusos de la burocracia y bajarle el sueldo al personal de confianza en todas las instancias del Estado federal: Poder Legislativo, Poder Judicial, y “los demás entes públicos federales incluidos a lo que la propia Constitución reconoce autonomía e independencia”.

La sola enunciación de las reducciones muestra su desmesura. Al tiempo que se suspenden todo tipo de compensaciones a los ingresos, como seguros médicos, bonos de rendimiento, servicios personales, la ley ordena disminuir a la mitad los ingresos brutos de todos los funcionarios estableciendo como tope lo que ganará el presidente.

Cuestión de sueldos

Ahora es ley que el sueldo del presidente bajará de 222 mil pesos a 108 mil. Un secretario, de 218 mil a 105 mil.

Un subsecretario, de 217 mil a 105 mil. Un oficial mayor, de 206 mil a 100 mil. Un jefe de unidad de 204 mil a 99 mil. Un director general , de 164 mil a 80 mil. Un director general adjunto, de 137 mil a 66 mil. Un director de área, de 84 mil a 40 mil. Un jefe de departamento, de 30 mil a 15 mil.

Tomo estos datos del muy oportuno documento preparado por un grupo de conocedores de la administración pública mexicana: Análisis de los Lineamientos de Combate a la Corrupción y Aplicación de una Política de Austeridad Republicana, que puede consultarse desde ayer en el sitio de la revista Nexos (https://bit.ly/2IfddAY)

El mayor error de la ley es seguramente cortar parejo y mucho en todas partes y reducir de un tajo, a la mitad, las remuneraciones del personal de confianza de la burocracia federal.

Las consecuencias de la aplicación de esta ley pueden ser literalmente catastróficas para la ya de por sí ineficiente burocracia federal mexicana, sin contar con la decisión paralela de reducir en 70 por ciento el número de burócratas de confianza.

Es una causa popular cuyos resultados prácticos pueden terminar siendo profundamente imprácticos e impopulares.